El Gobierno de Haití pidió la ayuda de organizaciones internacionales con el objetivo de “lograr la creación de un tribunal especial para condenar a los responsables” del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, calificado por ese país como un “acto barbárico”.
“La República de Haití ha acudido a diversas organizaciones internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comunidad del Caribe (Caricom), con el fin de pedir colaboración en el desarrollo de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el magnicidio del señor presidente”, informó la Embajada de ese país en Colombia a través de un comunicado de prensa.
El texto detalla que “el canciller haitiano, Dr. Claude Joseph, presentó la solicitud de ayuda a estas instancias internacionales para llevar a cabo la investigación de manera imparcial y detallada con la ayuda de una comisión internacional que apoye los trabajos en curso internamente y así lograr la creación de un tribunal especial para condenar a los responsables de tal acto barbárico”.
El Gobierno haitiano sentenció que el asesinato de Jovenel Moïse y las graves heridas que sufrió en el ataque la primera dama, Martine Moïse, “suponen un crimen internacional por las sospechas de la participación de ciudadanos extranjeros en la planificación, financiación y ejecución del atentado”.
Un mes después del magnicidio, el decano de la Suprema Corte en Haití aún no encuentra un juez dispuesto a asumir internamente la investigación sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
“Es un asunto delicado y político. El juez antes de aceptar investigar el asunto piensa en su seguridad y la de su familia. Por eso los magistrados instructores no están demasiado entusiasmados con la idea de aceptar el caso”, le aseguró una fuente judicial a la agencia de noticias AFP.
El magistrado agregó que “varios jueces de instrucción ya informaron al decano del tribunal de primera instancia de Puerto Príncipe que no están interesados en trabajar en el caso”.
Por su parte, y para tranquilizar a sus jueces, el decano del tribunal, Bernard Saint-Vil, afirmó que le exigió al Gobierno garantizar la protección del magistrado que acepte asumir el caso.
“También solicitamos agentes de seguridad para el juez. Antes incluso de decir a qué juez encomendaríamos el caso, estos medios deberían ponerse a disposición”, le dijo a la prensa el decano de la Suprema Corte.
Bernard Saint-Vil había anunciado que el pasado jueves se conocería el nombre del magistrado que asumiría el expediente del asesinato del presidente. Sin embargo, ante la reticencia de los jueces de instrucción, el plazo no se cumplió.
La Policía ha detenido a 44 personas por este crimen cometido el 7 de julio, cuando un comando armado irrumpió en casa del presidente, lo mató e hirió a su esposa. Entre los arrestados hay 12 policías haitianos, 18 ciudadanos colombianos y dos estadounidenses de origen haitiano.
Además, la Policía Nacional ha emitido notificaciones de búsqueda contra otras varias personas, incluyendo a un juez del Tribunal de Casación, un exsenador y un empresario.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, indicó el pasado jueves que, luego de una reunión con representantes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, sigue trabajando para organizar unas “elecciones libres, honestas, inclusivas y no partidistas”.
Ariel Henry también destacó su determinación para “restablecer y garantizar la seguridad en todo el territorio”, así como para “combatir la criminalidad, la impunidad, la corrupción, la inseguridad alimentaria y promover la creación de empleos y el Estado de Derecho”.
Las elecciones para renovar las administraciones locales tendrán lugar a principios de enero de 2022. Jovenel Moïse gobernaba por decreto desde hacía más de un año ante la ausencia de un Parlamento electo, en medio de una grave crisis política y de seguridad en el país.