Perú vulneró los derechos de una niña víctima de incesto a manos de su padre, al no garantizarle el acceso a un aborto terapéutico y procesarla penalmente tras tener un aborto espontáneo, afirmó este martes el Comité de los Derechos del Niño de la ONU.
El comité, ante el que la niña presentó una queja, consideró que Perú vulneró sus derechos “a la salud y a la vida”, y deploró que la menor, indígena y originaria de Huanipaca, departamento de Apurímac, fuera hostigada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales.
La historia de la menor
De acuerdo con medios locales, la menor soportó durante cuatro años los abusos de su padre. La niña fue violada por su padre a partir de los nueve años, hasta que quedó embarazada con 13 años en 2017.
Cuando sucedió la menor no quiso comunicar lo que estaba pasando, pero cuando los síntomas fueron inocultables le habló a su mamá, quien la acompañó a buscar justicia, sin imaginar que sería revictimizada.
En su primera visita a la clínica en la que confirmaron el tiempo de gestación, le recetaron ácido fólico y le pidieron acudir a controles prenatales, a pesar de que la menor dijo “que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada”, tal como recoge la ONU.
“Esa petición fue reiterada en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico”, explicó el comité de Naciones Unidas.
En Perú, el aborto terapéutico sólo está autorizado en caso de riesgo para la vida de la madre.
Con ayuda de una ONG, consiguió solicitar una interrupción voluntaria de embarazo al hospital y a la fiscal que investigaba su violación, pero no recibió respuesta.
Para las niñas y adolescentes entre los 10 y los 14 años, hay un riesgo cuatro veces mayor, de morir durante el parto, que para una mujer adulta.
Víctima de incesto
Contrario a los deseos de la menor, el personal sanitario insistió en organizar exámenes prenatales, e incluso la visitó en su domicilio, en ocasiones acompañado de agentes de policía, cuando la niña no se presentó a esas citas médicas.
Gracias a la presencia de la policía los vecinos del sector se enteraron de lo que le ocurría a la menor, lo cual causó para ella mayor estigmatización.
“Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto”, declaró Ann Skelton, presidenta del Comité, citada en el comunicado.
“Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”, enfatizó.
Estigmatizada y hostigada en su familia y su comunidad, la menor tuvo que abandonar la escuela y su pueblo, y tras su aborto espontáneo fue “acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo”, detalló el comunicado de Naciones Unidas.
Dicha condena, que podía implicar una pena de hasta dos años de prisión, fue anulada en 2019 tras un recurso presentado ante la justicia.
Más allá de este caso, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, compuesto de 18 expertos independientes, pidió a Perú despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil, y velar por que las menores embarazadas tengan acceso a un aborto seguro, en particular en casos de peligro para la salud y la vida de la madre, así como en casos de violación o incesto.
Con información de AFP