La alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este martes que ha recibido “informes desgarradores y creíbles” sobre ejecuciones de civiles y restricciones a los derechos de las mujeres bajo el régimen talibán en Afganistán.
“En particular, también hemos recibido informes creíbles de graves violaciones del derecho internacional humanitario, y de abusos de los derechos humanos, que tienen lugar en muchas zonas bajo el control efectivo de los talibanes”, señaló.
Agregó que “incluyen, entre otros, ejecuciones sumarias de civiles y miembros fuera de combate de las fuerzas de seguridad nacionales afganas; restricciones a los derechos de las mujeres -incluido su derecho a circular libremente y el de las niñas a asistir a la escuela-; reclutamiento de niños soldados; y represión de las protestas pacíficas y de la expresión de la disidencia”.
Este informe leído por Bachelet contradice las garantías que los militantes talibanes han dado a la comunidad internacional desde que tomaron Kabul hace más de una semana. Afirmaron que no buscarán represalias contra sus enemigos políticos y que no quieren que “las mujeres sean víctimas” ni discriminadas, y que su posición en la sociedad está garantizada “en el marco de la sharia islámica”.
Así mismo, señaló que el tratamiento que los talibán proporcionen a mujeres y niñas en Afganistán constituirá una “línea roja” en cuanto al cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de los insurgentes.
En la sesión especial para abordar la situación de los Derechos Humanos en el país asiático, Bachelet puso en el foco en el respeto de los talibán a los derechos a la libertad de movimiento, educación, autoexpresión y empleo de las mujeres en Afganistán, que ha de guiarse por las normas internacionales a este respecto.
En particular, se refirió al acceso a la educación secundaria de las mujeres como un “indicador esencial” de cumplimiento de los Derechos Humanos y ha abogado por un diálogo “genuino e inclusivo”, también con ellas y con miembros de las minorías étnicas y religiosas, para abordar los problemas subyacentes a los que se enfrenta el país, la discriminación y el legado de décadas de conflicto.
En otro orden de cosas, Bachelet pidió que los miles de defensores de los Derechos Humanos, “que han contribuido al bienestar de los afganos, no se enfrenten a “represalias” o “sanciones” bajo el nuevo régimen y ha reclamado que la Comisión Independiente de los Derechos Humanos en Afganistán “sea respetada”. Al mismo tiempo, urgió a permitir el acceso de asistencia y a proteger al personal humanitario.
La representante de Naciones Unidas, consideró que en este momento “crítico” los afganos miran hacia el Consejo de Derechos Humanos para “proteger” y “defender” sus derechos, ha incidido en la necesidad de evitar que se cometan abusos contra los Derechos Humanos en Afganistán, tras lamentar que, en las últimas semanas, su oficina ha recibido “informaciones creíbles” sobre violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de las partes implicadas en el conflicto.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) informó que entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se ha producido un incremento de las víctimas civiles en Afganistán del cerca del 50 por ciento en comparación con el mismo período de 2020, una cifra que ha entre julio y agosto “indiscutiblemente”, según Bachelet, que ha recordado que la situación humanitaria en Afganistán ya era mala y se ha deteriorado dados los últimos acontecimientos.
La representante especial de la Secretaría General de la ONU para Afganistán, Deborah Lyons, ya alertó hace un mes de que 18 millones de afganos se enfrentaban a una crisis humanitaria, el doble que en julio de 2020 y casi la mitad de la población del país, una cifra que previsiblemente aumentará.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que 270.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y medios de vida desde enero de 2021, lo que significa que más de 3.5 millones de afganos son desplazados.
Rutas seguras para los migrantes
En este contexto, Bachelet pidió crear rutas seguras para los refugiados y migrantes afganos, ampliar los programas de asilo y reubicación de estas personas y detener “inmediatamente” las deportaciones de ciudadanos del país que buscan protección.
Así mismo, instó a que los países vecinos de Afganistán necesitarán financiación adicional y recursos logísticos para asistir a estas personas, por lo que ha reclamado a los estados “tener en mente” sus obligaciones y proteger y asistir a aquellos “que huyen del peligro”.
“También pido a los estados que usen su influencia sobre los talibán para alentar el respeto a todos los Derechos Humanos, de todos”, ha insistido, al tiempo pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que emprenda acciones para vigilar “estrechamente” el desenvolvimiento de la situación en Afganistán, “en particular la implantación de las promesas de los talibán”.
“Una acción unida e inequívoca de los Estados miembros será una importante señal para los talibán de que volver a prácticas pasadas no será aceptable para la comunidad internacional, ni ahora ni en el futuro”, advirtió.
Por último, solicitó a los insurgentes que adopten reglas para lograr una gobernanza “responsable” y que respete los Derechos Humanos, y que trabajen para restablecer la “cohesión social” y la “reconciliación”.
Con información de Europa Press.