Tres policías fueron condenados este martes 11 de julio a cadena perpetua por el homicidio por “odio racial” de un joven de 17 años.

Así mismo, seis oficiales recibieron penas entre cuatro y ocho años por encubrimiento, en un caso considerado emblemático de violencia institucional en Argentina.

Los oficiales Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva fueron condenados por el asesinato en 2021 de Lucas González, un adolescente que vivía en la periferia de Buenos Aires y se encontraba junto con tres amigos tras entrenar en un club de fútbol de la capital.

La condena fue por “homicidio quíntuplemente agravado, por ser premeditado, con alevosía, por odio racial y abuso de funciones”, y por homicidio en grado de tentativa de los otros tres jóvenes que estaban con la víctima, según la sentencia.

Así mismo, seis oficiales recibieron penas de entre cuatro y ocho años por encubrimiento. | Foto: 2021 Anadolu Agency

“Los estigmatizaron porque eran morochos (morenos), porque salieron de una villa, de un barrio carenciado (pobre), pero salían de entrenar. Los vieron, los esperaron, me lo torturaron, le quemaron el cuerpo con cigarrillos, me lo acribillaron”, declaró el padre de Lucas, Héctor González, antes de ingresar al tribunal.

Entre los once acusados por alterar pruebas, cinco fueron absueltos.

De los seis oficiales condenados, tres son comisarios y uno, subcomisario. Recibieron penas de seis años de prisión e inhabilitación por 10 años por encubrimiento. Mientras tanto, dos oficiales fueron condenados a cuatro años por encubrimiento y ocho años por torturas, respectivamente.

“Es una sentencia histórica para Argentina, para que nunca más haya casos como el de Lucas González. Hemos conseguido que las víctimas y sus padres sean considerados víctimas de violencia institucional. Es histórico porque nunca antes hemos escuchado condenas por violencia institucional por odio racial”, le declaró a la prensa el abogado querellante Gregorio Dalbón al citar la sentencia, cuyos fundamentos se conocerán el 23 de agosto.

Los jóvenes habían ido a probarse al club Barracas Central desde Florencio Varela, en la periferia sur, en el auto del padre de uno de ellos. Manejaba Joaquín Gómez.

Durante el proceso, uno de los oficiales condenados confesó cómo fue el encubrimiento y dijo temer represalias. | Foto: Jcomp

Cuando pararon en un kiosco a comprar una bebida, se les acercó un auto policial sin identificar y los jóvenes creyeron que eran delincuentes, por lo que se asustaron y aceleraron para escapar. Desde el otro automóvil les dispararon. Lucas González recibió dos balas en la cabeza y murió horas después en el hospital.

Uno de los amigos logró escapar y se puso a salvo. Los otros dos fueron tirados al piso, esposados, pateados y arrestados. La policía dijo que había habido un enfrentamiento y les “plantó” un arma de juguete en el auto, según se probó durante el juicio.

El asesinato se presentó cuando el joven asesinado y unos compañeros se presentaban a una prueba en un equipo de fútbol. | Foto: 2023 Getty Images

“Fue muy triste, me tocó perder a un amigo delante mío. Nosotros somos jugadores de fútbol, nada más. Fuimos a comprar un jugo. Se bajaron a liquidarnos. No gritaron nada. Me tiraron al piso, me pegaron, me dijeron que era un negro ‘villero’ y que me tendrían que pegar un tiro en la cabeza como a mi amigo”, relató Joaquín Gómez.

Cintia López, la madre de Lucas, dijo tener “la vida destrozada. Estoy muerta en vida. Que (los culpables) no salgan de la cárcel hasta que yo saque a Lucas del cementerio, es decir nunca”, dijo adolorida la mujer, aunque se mostró aliviada tras el veredicto. “Se hizo justicia”, afirmó.

Durante el proceso, el oficial Hernán Cuevas, uno de los condenados, había confesado cómo fue el encubrimiento y dijo temer represalias.

Antes de escuchar el veredicto este martes, el policía Angel Arévalos, que resultó absuelto, denunció que el jefe de policía de la ciudad, Gustavo Breard, presionó a policías y sus familiares para que no hablaran del caso. Los querellantes anunciaron que iniciarán acciones contra las autoridades policiales.