El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmutó las sentencias de aproximadamente 1.500 personas que fueron liberadas de prisión y puestas en prisión domiciliaria durante la pandemia del coronavirus e indultó a 39 estadounidenses condenados por delitos no violentos. Es el acto de clemencia más grande en un solo día en la historia moderna del país.
Las conmutaciones anunciadas el jueves afectaban a personas que cumplieron condenas de confinamiento domiciliario durante al menos un año después de ser liberadas. Las prisiones eran especialmente perjudiciales para la propagación del virus y algunos reclusos fueron liberados en parte para detener los contagios. En un momento dado, uno de cada cinco presos tenía covid-19, según un conteo realizado por The Associated Press.
Biden dijo que tomaría más medidas en las próximas semanas y continuaría revisando las peticiones de clemencia. El segundo acto de clemencia más grande en un solo día fue realizado por Barack Obama, con 330, poco antes de dejar el cargo en 2017.
“Estados Unidos se construyó sobre la promesa de las posibilidades y segundas oportunidades”, dijo Biden en un comunicado. “Como presidente, tengo el gran privilegio de conceder misericordia a personas que han demostrado arrepentimiento y rehabilitación, restaurando la oportunidad para que los estadounidenses participen en la vida diaria y contribuyan a sus comunidades, y tomando medidas para eliminar las disparidades en las sentencias para delincuentes no violentos, especialmente aquellos condenados por delitos de drogas”.
La clemencia sigue a un indulto para su hijo Hunter, quien fue procesado por delitos fiscales y de armas. Biden se ha visto presionado por grupos de defensa para que indulte a amplios grupos de personas, incluidos aquellos en el corredor de la muerte federal, antes de que el gobierno de Trump asuma el poder en enero.
También estudia si emitir indultos preventivos a aquellos que investigaron el esfuerzo de Trump para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y que enfrentan posibles represalias cuando asuma el cargo.
Los indultados el jueves habían sido condenados por delitos no violentos como delitos de drogas y habían cambiado sus vidas, dijeron los abogados de la Casa Blanca. Incluyen a una mujer que lideró equipos de respuesta a emergencias durante desastres naturales, un diácono de iglesia que ha trabajado como consejero de adicciones y consejero juvenil, un estudiante de doctorado en ciencias biomoleculares y un militar veterano condecorado.
El presidente había emitido previamente 122 conmutaciones y otros 21 indultos. También ha indultado ampliamente a aquellos condenados por uso y posesión simple de marihuana en tierras federales y en el Distrito de Columbia, y ha indultado a exmilitares de Estados Unidos condenados por violar una prohibición militar —ahora derogada— sobre el sexo homosexual consentido.
El representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, y otros 34 legisladores han instado al presidente a indultar al abogado de derechos humanos y ambientales Steven Donziger, quien estuvo encarcelado o bajo arresto domiciliario durante tres años debido a un cargo de desacato relacionado con su trabajo representando a agricultores indígenas en una demanda contra Chevron.
Otros abogan por que Biden conmute las sentencias de los prisioneros en el corredor de la muerte federal. Su fiscal general, Merrick Garland, pausó las ejecuciones federales. Biden había dicho en la campaña electoral de 2020 que quería poner fin a la pena de muerte, pero nunca lo hizo, y ahora que Trump regresa al cargo es probable que se reanuden las ejecuciones. Durante su primer mandato, Trump presidió un número sin precedentes de ejecuciones federales, llevadas a cabo durante el apogeo de la pandemia.
Se esperan más indultos antes de que Biden deje el cargo el 20 de enero, pero no está claro si tomará medidas para protegerse contra posibles procesamientos por parte de Trump, un uso no probado del poder.
Antes de indultar a su hijo, Biden había prometido repetidamente no hacerlo. En un comunicado que explicaba su cambio de opinión dijo que la política había contaminado el caso judicial. La decisión provocó que defensores de la justicia penal y legisladores ejercieran presión pública adicional sobre el gobierno para que se empleara ese mismo poder para los estadounidenses comunes. No fue una medida muy popular y solo alrededor de dos de cada 10 estadounidenses aprobaron su decisión, según una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC.