El Estado neozelandés indemnizará con tres millones de dólares a un hombre que pasó casi 18 años en la cárcel por un crimen que no cometió, anunció el viernes el gobierno. Alan Hall fue condenado a cadena perpetua en 1986 por el apuñalamiento mortal de un hombre durante un allanamiento de morada en Auckland.
No había pruebas forenses que vincularan a Hall con la escena del crimen y había testigos que apuntaban a un asaltante de diferente altura y etnia, pero el acusado terminó declarado culpable. Hall recibió la libertad condicional en 1994, pero volvió a ser encarcelado en 2012 por violar las condiciones de su libertad. El año pasado fue finalmente excarcelado e indultado.
La Corte Suprema de Nueva Zelanda admitió que el juicio inicial fue injusto y evidenció bien una “incompetencia extrema” o bien “una estrategia equivocada y deliberada de garantizar la condena”.
La ministra de Justicia, Deborah Russell, anunció el viernes que el hombre había aceptado una oferta de compensación de 4,9 millones de dólares neozelandeses (unos 3 millones de dólares estadounidenses y más de 12 mil millones de pesos colombianos). El gobierno neozelandés “se disculpa sin reservas por su condena y encarcelamiento equivocados”, dijo Russell.
“Reconozco que la disculpa y la compensación nunca podrán remediar del todo la injusticia que Hall ha padecido”, añadió. En un comunicado enviado a medios locales, la familia de Hall se declaró aliviada de que haya terminado la lucha para limpiar su nombre. Pero apuntó que “Alan tenía 24 años cuando fue arrestado. Ahora tiene 61″.
Cárceles de El Salvador: revelan que la mayoría de los 300 fallecidos bajo el régimen de excepción eran inocentes
La ONG Socorro Jurídico Humanitario ha denunciado la crítica situación en las cárceles de El Salvador durante el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.
Según reveló su directora, Ingrid Escobar, en una entrevista con Infobae, más de 300 personas perdieron la vida en prisión, y sorprendentemente, el 92 % de ellas eran inocentes. Estos alarmantes hallazgos apuntan a violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
El presidente Bukele declaró el régimen de excepción en El Salvador el 27 de marzo del año pasado, alegando la lucha contra las pandillas y la reducción de la criminalidad. Sin embargo, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por las violaciones de derechos humanos que se están produciendo bajo esta medida.
Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario, explicó que la organización se formó para abordar las denuncias de capturas arbitrarias de personas inocentes durante el régimen de excepción. Durante los 15 meses de implementación de esta medida, la ONG recibió más de 300 informes de muertes violentas y negligencia médica en las cárceles. Las fuentes directas de la ONG son las mismas familias que a través de actas de defunción, fotografías y documentos que prueban los fallecimientos y las causas, debido a que no hay información oficial de estos datos, pues según la directora de Socorro Jurídico, el régimen tiene todos los datos archivados.
Según Escobar, muchas de las personas fallecidas fueron sometidas a torturas, como estrangulamientos, dentro de los centros penitenciarios. Además, un porcentaje significativo de las muertes se debió a la negligencia médica, ya que no se proporcionó la medicación adecuada para enfermedades preexistentes o adquiridas durante la reclusión. La directora subrayó que estas personas no tuvieron derecho a una defensa adecuada y no se respetó su presunción de inocencia.
Escobar señaló que las familias temen denunciar debido a la situación de terror en la que viven en El Salvador. Existe un miedo generalizado a represalias de las autoridades y a sufrir el mismo destino que sus seres queridos: ser capturados ilegalmente, torturados y llevados hasta la muerte. Este clima de temor ha llevado a muchas personas a optar por el silencio en lugar de buscar justicia.
Con información de AFP*