Mediante un comunicado expedido desde Estados Unidos, la ONG Human Rights Watch elevó un llamado especial para la justicia ecuatoriana, solicitando que se investiguen los eventuales casos en los que uniformados, adscritos a la Policía Nacional de ese país, hubiesen abusado de la fuerza, durante las protestas que se realizaron en varios rincones de ese país el pasado 8 de marzo con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con la entidad, dentro de los reportes que han conocido sobre denuncias de abuso de autoridad durante las manifestaciones, se encontraría incluso un caso de agresión contra una periodista, quien fue golpeada con un objeto contundente, en un escenario en el que también se advirtió sobre “uso indiscriminado de gases lacrimógenos y gas pimienta”.

La ONG señaló que los señalamientos a los que hace referencia sobre casos de abusos de autoridad se desprenden de la evaluación de videos que evidenciaron la actuación de la fuerza policial, así como a denuncias difundidas, posterior a las manifestaciones, por decenas de mujeres que expusieron sus casos, los cuales, en su mayoría, tuvieron como escenario a las ciudades de Quito y Guayaquil.

Adicional al uso de gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar las manifestaciones, que habían sido autorizadas, según la ONG, HRW también incluyó en el paquete de acciones peligrosas contra la integridad de los manifestantes, el empleo de los llamados “líquidos presurizados” que no solo activan el efecto de los gases, sino que en algunos casos, al ser apuntado directamente contra los manifestantes, puede considerarse riesgoso por la fuerza del ‘chorro’.

La periodista agredida

HRW recoge el caso puntual de la periodista Viviana Erazo, adscrita al medio digital Wambra, quien se encontraba en la manifestación no como participante de la marcha sino en el desarrollo de su actividad profesional, no obstante, también fue objeto de improperios y excesos por parte de las autoridades presentes en la ciudad de Quito.

Según la ONG, “un policía la acorraló y la golpeó con un tolete”, actuación que fue complementada por un ataque con gas pimienta en momento en que evitaba escapar de la agresión, situación que habría sido documentada y difundida a través de las redes sociales.

En las pruebas recopiladas por la entidad no gubernamental también se muestran otros video en los que se daría cuenta de la agresión vivida por la comunicadora, y se evidencian las circunstancias en la que se presentó el hecho, advirtiendo que el hecho represivo fue ‘injustificado’.

Otras denuncias

En su informe, HRW, en cabeza de Tamara Taraciuk Broner, directora para la seccional Américas de la ONG, también da cuenta de otros hechos que fueron denunciados a través de las redes sociales, donde las víctimas incluso compartieron fotografías de las secuelas dejadas por los ataques policiales, aún, siendo en algunos casos las víctimas personas mayores que participaban del acto cívico de la conmemoración de la fecha señalada.

El reporte también da cuenta de las secuelas que puede generar en las personas afectadas el uso indiscriminado de estos medios disuasorios empleados para la dispersión de los manifestantes, recordando que en algunos casos, las mujeres que resultaron afectadas por la represión policial resultaron con afectaciones en sus ojos, y otros síntomas como vómitos.

En ese mismo sentido, HRW pidió aclarar porqué, pese a que las movilizaciones estaban previamente aprobadas por las autoridades, y sus recorridos estaban trazados, en territorio, uniformados de los cuerpos antimotines y de la fuerza montada (policías a caballo), impidieron el paso a algunos manifestantes, obligando incluso al desvío de las masas, desconociendo los planes que contaban con el visto bueno inicial, y obligando a que el destino final tuviera que ser modificado.

El silencio de las autoridades

En su informe, HRW también lamentó el silencio de la mayoría de entidades defensoras de DD. HH. y entes oficiales, advirtiendo que solamente se manifestó al respecto la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.

“El uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas no es un fenómeno nuevo”, advierte la entidad, evocando casos precedentes y refiriéndose puntualmente a hechos ocurridos en 2019 y 2020, donde el uso inadecuado de elementos de parte de los policías antimotines derivaron en lesiones oculares.

En ese sentido, la ONG aseguró que “Ecuador necesita una ley que regule el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza con base a los estándares internacionales de derechos humanos”, refiriendo que incluso, la Corte Constitucional de ese país se había manifestado en ese sentido en una sentencia expedida en mayo de 2021.

Refiriendo a las normas del Derecho Internacional Humanitario, HRW aseguró que “las autoridades solo deben restringir las manifestaciones pacíficas cuando dichas medidas resulten necesarias y proporcionales y sean el medio menos restrictivo para el logro de un objetivo legítimo. Independientemente de si las autoridades consideran que las protestas son ilícitas, no deben usar la fuerza para dispersarlas, salvo como medida de último recurso para responder a una amenaza genuina”.

La ONG también lamentó el contexto actual que se vive en Ecuador, donde, en el marco del 8M, las manifestantes refirieron que, en lo corrido del años, en el país ya se han presentado 28 casos de feminicidios.

De igual modo, la organización reconoció que el ambiente se encuentra tenso debido a los obstáculos que ha puesto el gobierno Lasso a la sanción de una Ley aprobada en el Congreso de su país, en las que se reglamenta y establece el acceso a las mujeres víctimas de violaciones al derecho a abortar.

Sobre el particular, Lasso la regresó al parlamento con algunas enmiendas, las cuales deberán ser resueltas antes del próximo 15 de abril.