Luego de que en las últimas semanas se conociera a través de los medios de comunicación una serie de acciones consideradas como hostigamiento por parte del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, contra las distintas órdenes religiosas presentes en su territorios, que han incluido cierres de medios de comunicación, expulsión de grupos de monjas y hasta restricciones de movilidad a sacerdotes, el Consejo Episcopal Latinoamericano, Celam, que reúne a los religiosos católicos de la región, elevó su voz de protesta frente a la situación.

Precisamente, este viernes 5 de agosto, a través de un documento firmado por su presidente, monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, arzobispo de Trujillo, Perú, la Celam afirmó que la Iglesia católica de América Latina “se une al sufrimiento que vive gran parte del pueblo de Nicaragua y la Iglesia que peregrina en esta querida tierra”, refiriendo los casos de abuso por parte de las autoridades locales.

En ese sentido, la organización religiosa condenó actos recientes, como el cierre de múltiples medios de comunicación que se encontraban bajo el control de órdenes religiosas, afirmando que en ese país las autoridades también han profanado templos, en hechos que “nos duelen mucho”.

Así, enviando también un mensaje a los religiosos que permanecen en Nicaragua, la Celam afirmó su voz de respaldo a aquellos individuos que, en el marco de su actividad pastoral, y de servicio, han apostado por “ser voz de los que no tienen voz”, y citando un pasaje bíblico, pidieron a las víctimas de dichos hostigamientos, no desistir en su función.

“No te asustes y desmayes, que contigo está el Señor, tu Dios, donde quieras que vayas”, citó la Celam en un comunicado en el que también se dirigió a los creyentes en el continente, invitándolos a generar lazos de solidaridad y cooperación con quienes se han convertido en víctimas del régimen de Ortega, recordando que ese gobierno también ha desplegado atropellos contra otros sectores de la población, entre los que se contarían las decenas de opositores que han resultado encarcelados.

“Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él”, afirmó en su comunicado la Celam, haciendo alusión a un pasaje del Nuevo Testamento.

Este pronunciamiento de la Celam se conoce apenas un día después de que, en Nicaragua, el pasado jueves, un obispo refiriera que fue fuertemente hostigado por miembros de las fuerzas policiales, quienes se apostaron cerca de la sede religiosa que sirve como residencia a algunos sacerdotes, impidiendo la salida y acceso al lugar, lo que fue denunciado como una violación a la “libertad religiosa”.

De igual modo, el pasado mes julio, una comunidad de monjas que hacían presencia en ese país, conocida como la Asociación Misioneras de la Caridad, orden fundada por la madre Teresa de Calcuta, afirmó que debió abandonar Nicaragua debido a que el gobierno de Daniel Ortega ilegalizara sus operaciones en ese territorio.

Sobre el particular, asociaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron que tras la invalidación del permiso de operación de esa agrupación religiosa, un grupo de cerca de 15 monjas fueron deportadas como si fuesen “delincuentes”, según palabras expresadas por la Cenidh, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

La persecución a los religiosos por parte del régimen Ortega se desprendió luego de que, en 2018, la Iglesia cumpliera un papel importante en la protección de grupos de manifestantes y atención de personas que resultaron heridas, durante jornadas de protestas en contra del gobierno del exlíder sandinista.

Sobre el particular, el gobierno Ortega ha señalado que dicho movimiento de protesta realmente respondía a un intento de golpe de Estado, y, al participar la Iglesia en la protección y atención de heridos, asumieron que la institución eclesial cumplía un rol de cómplice.

Tras el cierre de los referidos medios de comunicación operados por órdenes religiosas en Nicaragua, diversas voces en el mundo se han manifestado en rechazo de ello, siendo una de ellas la de la Unión Europea, que señaló la acción de ‘arbitraria’, condenando a su vez el uso de la fuerza para intimidar a los opositores del Gobierno.

En el mismo sentido, a través de las redes sociales, tras conocerse los recientes ataques a los religiosos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Centroamérica se pronunció a través de las redes sociales para llamar “al Estado a cesar de inmediato el hostigamiento y los ataques contra sacerdotes, feligreses y estaciones de radio y TV de la Iglesia católica”. En ese sentido, la institución también precisó que “es urgente proteger la integridad física, libertad religiosa y libertad de expresión de todas las personas”.