Miles de personas, en su mayoría empleados de tribunales y estudiantes de derecho, se manifestaron este domingo, 8 de septiembre, en Ciudad de México contra una polémica reforma al poder judicial, la cual que propone la elección popular de jueces y ministros. Una legislación, que según expertos y distintas asociaciones en el país, afecta gravemente la independencia de poderes en el país y el sistema de pesos y contrapesos.
Las protestas se registran a unas horas de que el Senado mexicano inicie el análisis de esta iniciativa lanzada por el presidente izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, y que fue aprobada en una caótica sesión la madrugada del pasado miércoles por la Cámara de Diputados, dominada ampliamente por el oficialismo del mandatario, y que con la más reciente victoria electoral, estará 6 años más en el poder con la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
“El poder judicial no va a caer”, coreaban los manifestantes, que marcharon desde dos puntos del centro de la capital para dirigirse a la sede del Senado, en el turístico Paseo de la Reforma. La iniciativa de López Obrador, que el 1 de octubre termina su presidencia con una popularidad superior al 70 %, propone la elección popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así como de jueces y magistrados en todo el país.
La sanción del proyecto en el Senado comienza con la discusión en comisiones, que están llamadas para reunirse después del mediodía de este domingo. También está agendada una sesión del pleno para el martes y la votación en principio sería el miércoles, según el liderazgo del legislativo. Se cree que el congreso de la nación azteca podría aprobar mayoritariamente la iniciativa por lealtad al mandatario.
La votación de los diputados se realizó en una caótica sesión de casi 18 horas en un centro deportivo porque los manifestantes bloquearon el acceso a la sede de ese poder. Las organizaciones que convocan a las protestas han asegurado que esta vez permitirán el acceso de los senadores después de las turbulentas manifestaciones de los días pasados contra la polémica propuesta de reforma judicial.
La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, que participó brevemente en otra protesta, resolvió el jueves pasado consultar a sus colegas para determinar si el máximo tribunal es competente para frenar el proyecto, tal como pidieron funcionarios judiciales en huelga mediante un recurso legal y que podría ser una de las pocas formas para parar la legislación en caso de ser aprobada por el congreso mexicano.
López Obrador advirtió el viernes que la Suprema Corte cometería una “aberración” si bloquea la reforma, que causa preocupación a Canadá y Estados Unidos, socios comerciales de México en el acuerdo de libre comercio T-MEC y que al manifestar su molestia, el mandatario aseguró que puso “en pausa” las relaciones con ambos países vecinos y socios claves para la economía mexicana.
Es de recordar que al ser esta propuesta una modificación constitucional, debe ser votada por dos tercios de los legisladores. Según las cifras que se manejan, en el Senado el oficialismo está a un escaño de conseguirla.
Con información de la AFP.