Indignación, ira y desilusión ha generado en Japón la reciente revelación de un informe por parte del Gobierno de ese país, en el que quedó en evidencia un importante escándalo protagonizado por las entidades sanitarias durante la segunda mitad del siglo XX, derivado de una ola de operaciones en las que se esterilizó por la fuerza a miles de ciudadanos japoneses.
En medio del informe, según destacan medios internacionales como The Guardian, se precisó que dentro del listado de personas que fueron esterilizadas a la fuerza, a través de intervenciones quirúrgicas, se cuentan también menores de hasta nueve años.
Dicha ley, que fue derogada solamente hasta los años 90, respondía a intereses de los dirigentes por ‘perfeccionar la raza’ a través de un movimiento eugenésico, que estimó que cerca de 16.000 personas, fueran intervenidas sin su consentimiento con el fin de dejarlas infértiles, como ‘medida de prevención’ para evitar que estos se reprodujeran, derivando en el nacimiento de los que fueron considerados desde los gobernantes como ‘descendientes de mala calidad’.
El informe en el que el gobierno de Japón dejó en evidencia dicha práctica, está compuesto por cerca de 1.400 páginas, y fue presentado ante el parlamento japonés, detallando la cruel práctica.
Sobre las particularidades de la población afectada con la infertilidad impuesta, el informe señala que en su mayoría se trató de mujeres, de las cuales solo una baja proporción consintió la operación, incluso bajo presiones.
En el mismo informe se refiere la ocurrencia de cerca de 60.000 abortos provocados, los cuales terminaban siendo explicados como “consecuencias de enfermedades hereditarias”.
Luego de dejar en descubierto esta aterradora práctica, el estado japonés debió poner en marcha una programa de ‘reparación de victimas’, para intentar remediar el dolor y maltrato impulsado desde el oficialismo japonés a sus ciudadanos en décadas pasadas.
Sobre las víctimas, objeto de la discriminación y la deleznable práctica, se ha conocido que se trató de personas con discapacidades y enfermedades de tipo crónico, sobre quienes se apostó porque no heredaran sus males a nuevas generaciones, más aún en medio de un contexto japonés marcado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial.
Sobre las compensaciones entregadas a las personas afectadas, una propuesta presentada en 2019, y aprobada por el parlamento de Japón, determinó el pago de una compensación gubernamental de equivalente a 3,2 millones de yenes, que traducido a dólares es de 22.800 dólares; cerca de mil millones de pesos colombianos.
No obstante, según los activistas, esta ‘compensación’, no logra subsanar el sufrimiento de las víctimas.
Si bien las víctimas se han estimado en decenas de miles, pocos de ellos han acudido ante las autoridades a realizar el correspondiente reclamo de su dinero. De acuerdo al dato oficial reflejado por The Guardian, apenas 1.049 personas han reclamado la compensación, cuyo plazo de solicitud vence en abril de 2024.
En medio del escándalo, quedó en evidencia que son ciertas las reclamaciones que por décadas habían elevado las víctimas, que además de una reparación monetaria, han abogado por que se reconozca el sufrimiento y angustia que les generó la situación.
Si bien varios tribunales han dado la razón a las víctimas, otros han tomado partido en favor del gobierno japonés, advirtiendo que el caso debió prescribir tras 20 años de la ocurrencia de los hechos; una situación que fue alegada por las víctimas que afirman que si bien han pasado 20 años, el plazo impuesto no debería ser tenido en cuenta debido a que debió pasar suficiente tiempo para que se hiciera evidente qué era lo que había sucedido.
Un hecho adicional que también genera consternación, es que países como Suecia y Alemania aceptaron que en su momento también existieron prácticas eugenésicas similares en sus territorios, intentando minimizar el hecho al advertir que esto fue suspendido de manera oportuna, pidiendo excusas a las víctimas y entregando una compensación.
Dentro de los testimonios conocidos en Japón, está el de una mujer de 77 años, que fue esterilizada a los 16 años, quien afirma que el estado la privó de “todos mis modestos sueños de un matrimonio feliz e hijos”, advirtiendo además que ese fue un factor que en su momento le impidió tener éxito en su vida en pareja y familiar.
“Tan pronto como le dije a mi esposo, en quien confiaba, que me habían operado y que no podía tener hijos, me dejó y exigió el divorcio”, dijo la mujer en declaraciones recogidas por The Guardian, afirmando a demás que eso tuvo consecuencias en su salud mental, referido a “estrés postraumático”.
En Japón, el cumplimiento de dicha ley eugenésica en contra de personas con discapacidades mentales o enfermedades crónicas, en su momento también se convirtió en requisito para que estas personas pudieran acceder a un matrimonio, o pudieran ser recluidos en hospitales mentales.
Desde las víctimas reconocen que si bien el daño fue hecho hace décadas, ahora que se conoce la verdad, es importante que no quede impune lo ocurrido.