Este miércoles 19 de julio, ola Cruz Roja de Bielorrusia provocó toda una indignación a nivel internacional luego de que su director comentó a la televisora estatal bielorrusa que la organización ha estado involucrada activamente en llevar niños ucranianos de zonas ocupadas por Rusia a la nación.
Tanto Kiev como la oposición bielorrusa han criticado la transferencia de niños y han señalado que son deportaciones ilegales. También se han producido llamados para que se presenten cargos de crímenes de guerra al presidente autoritario de Bielorrusia, similares a los cargos contra el mandatario ruso Vladímir Putin.
Las acciones de la Cruz Roja Bielorrusa provocaron críticas por parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Minsk ha sido el aliado más cercano de Moscú desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, y su presidente, Alexander Lukashenko ha permitido que el Kremlin utilice su territorio para enviar soldados y armas a Ucrania. Lukashenko también ha acogido la presencia militar rusa en Bielorrusia y el despliegue de armas nucleares tácticas rusas.
Figuras de la oposición bielorrusa han acusado a Lukashenko de facilitar el traslado forzoso de niños ucranianos a Bielorrusia, acusaciones que Minsk rechaza airadamente.
Un reportaje emitido el miércoles por el canal estatal de televisión Belarus 1 mostraba a Dzmitry Shautsou, director de la Cruz Roja Bielorrusa, visitando la ciudad ucraniana de Lisychansk, en la región de Luhansk, controlada por Rusia.
En las imágenes, afirma que la organización participó activamente en el traslado de niños ucranianos a Bielorrusia con fines de “mejora de la salud”. “La Cruz Roja Bielorrusa ha tomado —y está tomando y tomará— parte activa en ello”, declaró Shautsou.
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, instó a la Corte Penal Internacional a “dictar una orden de detención” contra Shautsou, afirmando que “ha confesado públicamente el delito de deportación ilegal de niños de las zonas ocupadas de Ucrania”.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que agrupa a 191 organizaciones nacionales, declaró que se había puesto en contacto con la Cruz Roja Bielorrusa para expresarle su “grave preocupación” y aconsejarle que “ponga fin a cualquier actividad similar en el futuro”.
El mes pasado, el activista opositor bielorruso Pavel Latushka declaró que había proporcionado a la CPI material en el que supuestamente se detallaba el traslado forzoso de 2.100 niños ucranianos desde al menos 15 ciudades ucranianas ocupadas por Rusia a Bielorrusia con la aprobación de Lukashenko.
En mayo, la fiscalía general de Ucrania anunció una investigación sobre los traslados forzosos.
Las autoridades bielorrusas han confirmado haber acogido a más de 1.000 niños, de entre 6 y 15 años, procedentes de las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia por razones sanitarias. El primer grupo de 350 niños llegó en abril, dijeron las autoridades, sin dar más detalles.
La CPI ordenó la captura de Putin
En marzo la Corte Penal Internacional (CPI) había iniciado meses atrás una investigación sobre las acciones del presidente Vladimir Putin en la guerra contra Ucrania a petición de 39 países.
Varios países aliados, la Unión Europea y la Unión Africana, se habían alineado para condenar al presidente ruso por esta invasión y al parecer las denuncias dieron fruto.
La CPI emitió una orden de detención contra el mandatario ruso por cometer crímenes de guerra en Ucrania. El delito por el que se culpa es la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.
También emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en La Haya en un comunicado.
*Con información de AP y AFP.