La ONU, indígenas, oenegés y allegados expresaron su indignación por el asesinato en la Amazonia brasileña de Dom Phillips y Bruno Pereira, que vincularon la impunidad que impera en la región alentada por el presidente Jair Bolsonaro, un impulsor de la explotación comercial de las áreas protegidas.
La investigación por la desaparición del reportero británico y el indigenista el 5 de junio dio un vuelco el miércoles con la confesión de uno de los dos detenidos: Amarildo da Costa de Oliveira, que condujo a la Policía al lugar donde dijo haber enterrado los cuerpos, cerca de la ciudad de Atalaia do Norte, en la remota región del Valle del Javarí, fronteriza con Perú.
La Policía Federal (PF) halló ahí restos humanos, que este jueves por la noche llegaron por avión al aeropuerto de Brasilia para su identificación. Dos ataúdes de color marrón fueron descargados por miembros del cuerpo, constató la AFP. Los resultados saldrán la semana que viene.
El caso todavía tiene mucho por esclarecer: el móvil del crimen, las circunstancias de la muerte, al parecer con arma de fuego, el papel exacto que tuvieron los dos detenidos, Amarildo y su hermano Oseney, y sus eventuales cómplices y ordenantes.
Phillips, de 57 años y quien había trabajado como reportero para The Guardian y otros prestigiosos medios, estaba trabajando en un libro sobre la preservación de la Amazonia. Pereira le hacía de guía en esta región en la que viven 26 pueblos indígenas, muchos de ellos aislados, y en la que operan narcotraficantes, mineros, pescadores y madereros ilegales.
El experto de la agencia del Gobierno brasileño para asuntos indígenas (Funai) había recibido amenazas de estos grupos por su labor en defensa de las tierras protegidas.
La Amazonia está “a merced de la ley del más fuerte, bajo la cual la brutalidad es moneda corriente”, deploró por su parte WWF.
La desaparición de ambos reavivó las críticas a Bolsonaro, quien desde que llegó al poder en 2019 es acusado de alentar las invasiones de tierras indígenas con su discurso a favor de la explotación económica de la selva.
Greenpeace aseguró este jueves que en los últimos tres años Brasil se configuró como la tierra del “todo vale”, alimentada por las “acciones y omisiones” de su gobierno.
En Bruselas, siete líderes indígenas brasileños denunciaron frente a la sede de la Unión Europea el clima de violencia e “impunidad” en la Amazonia. Uno de ellos, Dinamam Tuxa, le dijo a la AFP que “Bruno y Dom Phillips fueron víctimas de las políticas del Gobierno”.
La familia de Phillips en Reino Unido dijo tener “el corazón partido” por las muertes y agradeció a los participantes de las búsquedas, “especialmente a los indígenas”.
“Ahora que los espíritus de Bruno y Phillips están paseando por la selva y esparcidos entre nosotros, nuestra fuerza es mucho mayor”, escribió en Twitter Beatriz Matos, la esposa del indigenista.
Bolsonaro, reacción en un tuit
El mandatario brasileño reaccionó a las muertes de Phillips y Pereira el jueves con un escueto tuit: “Nuestras condolencias a los familiares y que Dios conforte el corazón de todos”.
En los últimos días, causó indignación al asegurar que la incursión de Phillips y Pereira era una “aventura no recomendable” y que el reportero era “mal visto” en la región por su labor informativa sobre las actividades ilegales.
La Unión de Pueblos Indígenas del Valle de Javarí (Univaja), cuyos miembros participaron activamente en las búsquedas, calificó de “crimen político” el asesinato, al considerar que eran “defensores de los derechos humanos”.
La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) afirmó que la labor en los últimos años de periodistas y ambientalistas ha servido para mostrar los “récords” de los crímenes ambientales en la Amazonia, así como de los asesinatos de activistas.
*Con información de la AFP.