El presidente Gabriel Boric concedió a finales de 2022 una serie de indultos, entre los que se encontraba el de Luis Castillo, quien había sido condenado previamente por cinco delitos comunes entre el año 2005 y 2017. Esta fue una acción que rechazó la oposición.
Los indultos generaron polémica y decenas de críticas que se intensificaron después de comprobar que en el proceso de perdón no se había cumplido una de las principales premisas: que el beneficiado no tuviera antecedentes.
En ese momento, el Gobierno chileno reconoció una serie de “desprolijidades” que se saldaron con la mencionada salida de Marcela Ríos como ministra de Justicia y la de Matías Meza-Lopehandía como jefe de Gabinete. El propio Boric salió entonces al paso para reconocer que cuando se dan este tipo de situaciones, se deben “asumir responsabilidades”.
El pasado 19 de marzo, El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, confirmó la creación de una comisión para investigar los polémicos indultos concedidos por el presidente del país
La decisión la toma en respuesta a la petición presentada en enero por el partido opositor Chile Vamos, y días después de que se haya revelado que la Gendarmería de Chile no recomendaba la liberación de seis de los 13 indultados.
Finalmente, hace pocas horas, el Tribunal Constitucional de Chile ha rechazado los requerimientos para invalidar los indultos concedidos en diciembre por el presidente Gabriel Boric, declarando así legales las polémicas medidas de gracia otorgadas por el mandatario y cuyo fondo y forma han recibido duras críticas.
El recurso, presentado por parlamentarios de Chile Vamos y del movimiento Demócratas, impugnaba siete de los 13 indultos, entre los que se encuentra el concedido al exguerrillero Jorge Mateluna y el otorgado a otros seis detenidos en el marco de las protestas sociales de 2019 que tenían condenas previas.
En respuesta a estas acusaciones de inconstitucionalidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, ha reiterado en sucesivas ocasiones que los indultos fueron aplicados en cumplimiento de la normativa administrativa y en el marco legal.
“Aquí lo que se debate son actos, y los actos están con base en unos expedientes que están tramitados, como clásicamente se han tramitado los indultos”, ha manifestado el ministro Cordero, según recoge la cadena de televisión chilena T13.
En este sentido, Cordero ha remarcado que el Ejecutivo va a “defender en los tribunales” las medidas de gracia concedidas por Boric, argumentando para ello no solo las reglas vigentes, sino también la jurisprudencia previa en estos mismos temas.
Esta ha sido la primera vez en la historia en la que los tradicionales indultos presidenciales concedidos en fechas de navidad han sido llevados por la oposición a la vía judicial. La polémica se llevó por delante a Marcela Ríos y Matías Meza, quienes dimitieron de sus puestos al frente del Ministerio de Justicia y la jefatura de Gabinete presidencial, respectivamente.
Chilenos rechazan el indulto a los condenados
La última encuesta desarrollada por Cadem refleja que el 72 por ciento de la población chilena está en contra de los indultos concedidos por el presidente, Gabriel Boric, a más de una decena de manifestantes detenidos en el marco del estallido social de noviembre de 2019.
Así pues, un 43 por ciento de los encuestados considera que hay que revocar aquellos indultos donde haya antecedentes adicionales a los del estallido social, mientras que un 37 por ciento cree que hay que revocarlos todos, independientemente de si hay antecedentes o no, recoge la cadena T13.
Por el contrario, un 17 por ciento de los chilenos estaría a favor de mantener los indultos concedidos por Boric y que han generado malestar tanto en la oposición como a nivel social. De hecho, esta polémica se ha cobrado ya el cargo de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también el de Matías Meza-Lopehandía como jefe de Gabinete.
Finalmente, el informe recoge también datos sobre el apoyo a la Presidencia de Boric. Según los datos de Cadem, un 70 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario, mientras que un 25 por ciento lo apoya.
*Con información de Europa Press.