La muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que no quería llevar el hiyab y fue asesinada a manos de policías, despertó la ira de las comunidades kurdas en Irán y, más tarde, de todo el país.

Los hechos ocurrieron en Teherán, la capital de Irán, donde Amini fue detenida por la Policía de la Moral debido a que se negaba a vestir según las leyes impuestas desde que la Revolución Islámica se tomó el poder en territorio iraní. La joven permaneció dos días privada de la libertad y, más tarde, fue trasladada a un hospital. Entró en coma y murió el pasado 16 de septiembre.

Su familia y los manifestantes arremetieron contra el gobierno iraní, que negó cualquier responsabilidad de los uniformados en la muerte de la joven mujer. De hecho, a comienzos de octubre la Organización Forense Iraní emitió un concepto en el que aseguraba que Amini había muerto a raíz de un tumor cerebral y no por una agresión de los policías. Sus familiares, en cambio, aseguraron que la joven había sido brutalmente golpeada.

La versión oficial no convenció a los manifestantes, ni a los representantes de organizaciones que trabajan por los derechos humanos de mujeres y niñas, que están sometidas a las leyes más estrictas del islam sobre el código de vestimenta que deben llevar.

Pese a todo, a casi tres meses de la muerte de Amini el gobierno iraní parece estar cediendo a la presión de los manifestantes y a los cuestionamientos de parte de distintos organismos Internacionales. Por un lado, en los últimos días se conoció que están revisando una ley de 1983, que obliga a las mujeres que se encuentran en territorio iraní a llevar el velo obligatorio.

La norma aplica para todas las mujeres, sin importar su nacionalidad o religión. Las obliga a llevar el pelo cubierto y vestir ropa ancha.

La otra decisión que mostró que el gobierno iraní está flexibilizando sus posiciones fue el anuncio de que la Policía de la Moral será eliminada. “La policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial” y fue suprimida por los que la crearon, afirmó este sábado 3 de diciembre en la noche el fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, según informó el domingo la agencia de noticias ISNA.

Se trata de la acción más drástica que ha tomado el gobierno iraní desde que iniciaron las protestas, en septiembre pasado. Pero llegar a ese punto les ha costado a quienes protestan, en su mayoría mujeres, meses de represión y desgaste en las calles.

Según la ONG, Human Rights Watch, hasta mediados de noviembre, habian muerto cerca de 326 manifestantes en medio de los enfrentamientos con las fuerzas del gobierno iraní. Entre ellos, contaron a por lo menos 43 menores de edad y 25 mujeres.

Durante las manifestaciones es común escuchar arengas contra el gobierno y ver a mujeres quitarse los velos del pelo para quemarlos en la vía pública. “Mujer, vida, libertad”, es una de las consignas que se gritan en las calles.

La temida Policía de la moral

La policía de la moral, que opera a través del nombre oficial de Gasht-e Ershad (en español significa “patrullas de orientación) fue creada hace más de 16 años por el gobierno iraní con el objetivo de preservar la cultura del hiyab. Por lo tanto, ha estado dedicada durante años a perseguir a las mujeres que deciden no seguir los códigos de vestimenta que les ordenan las leyes.

Aunque durante el gobierno del presidente Hasan Rohani, entre 2013 y 2021, la policía de la moral había flexibilizado sus políticas, con el ascenso del conservador Ebrahim Raisi la policía de la moral volvió a endurecerse. “Los enemigos de Irán y del Islam” querían “socavar los valores culturales y religiosos de la sociedad difundiendo la corrupción”, aseguró el mandatario, quien ha sido partidario de reforzar la cultura del hiyab.

Por ello, las mujeres que pasaran por encima del código de vestimenta podían ser detenidas por los oficiales de policía y, como en el caso de la joven Amini, brutalmente golpeadas.