Este lunes 12 de diciembre, se confirmó la segunda muerte de un prisionero por delitos relacionados con las manifestaciones sociales que sacuden a Irán desde septiembre de este año. El hombre fue identificado como Majid Reza Rahnavard, en medio del rechazo internacional a que la República Islámica lleve a cabo la pena capital.

Un tribunal de la ciudad de Mashhad fue el que determinó esa sentencia contra Rahnavard, a quien señaló de haber terminado con la vida de dos miembros de las fuerzas de seguridad y de lesionar a otros cuatro con un arma blanca a finales del mes pasado. Mizan Online, la agencia de la judicatura, indicó que el ahorcamiento había sido público, mas no en el interior de la cárcel.

Por su parte, la agencia de noticias semioficial Tasnim informó que el individuo había intentado salir del país y que su arresto se consumó el 28 de noviembre. Una vez quedó bajo custodia de las autoridades, comenzó el proceso en su contra y en la sesión del tribunal habría aceptado su responsabilidad al reconocer que afligió “a muchas familias”.

Mizan Online difundió imágenes de la ejecución de Rahnavard, registradas probablemente antes de la madrugada, en las que se observa a un hombre con las manos atadas a la espalda colgando de una cuerda que está sujeta a una grúa. Sobre estas sanciones, algunas organizaciones internacionales mantienen su rechazo.

“La ejecución pública de un joven manifestante, 23 días después de su detención, es otro grave crimen cometido por los gobernantes de la República Islámica y una escalada significativa en el nivel de violencia contra los manifestantes”, dijo a AFP Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la ONG Iran Human Rights (IHR).

Esta ejecución se produjo luego de que la semana pasada Irán anunciara que había efectuado esa práctica contra un primer prisionero, quien respondía al nombre de Mohsen Shekari. Su condena se basó en presuntamente herir “intencionalmente” a un guardia de seguridad con un cuchillo largo y propiciar bloqueos en una calle de Teherán (la capital).

“Majidreza Rahnavard fue condenado a muerte sobre la base de una confesión coaccionada, tras un proceso manifiestamente injusto y un juicio espectáculo”, agregó la ONG con sede en Noruega. Esta condena se registró en el marco de la muerte, a mediados de septiembre, de Mahsa Amini, un joven de 22 años quien había sido detenida por la policía de la moral y acusada de no portar adecuadamente su hiyab.

Una crisis sin precedentes

La crisis en Irán ha sido catalogada sin precedentes, debido a la duración de las protestas y el hecho de que estas se han extendido a varias zonas del país (incluso traspasando fronteras). El poder judicial islámico aseguró que (hasta la fecha) se han dictado once condenas a muerte relacionadas con las movilizaciones que, en palabras de las autoridades, han sido “disturbios”.

No obstante, algunos activistas afirman que otra docena de personas se enfrenta a sentencias que derivan en la pena de muerte. “Sin debido proceso. Juicios ficticios. Así es como quieren detener las protestas en todo el país”, señaló Omid Memarian, analista de la organización Democracy for the Arab World Now (DAWIN).

Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea y el Reino Unido condenaron la ejecución, hace unos días, de Mohsen Shekari. En esta jornada los ministros del bloque político tienen programado poner en marcha sanciones “muy, muy severas”, en palabras del representante de los veintisiete para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Por su parte; la titular de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo que “estas ejecuciones públicas son un intento descarado de intimidar a la gente”.

*Con información de Europa Press y AFP.