Irán ejecutó a más de 300 condenados a muerte este año, y en mayo alcanzó cifras en un mes nunca vistas desde 2015, alertó el jueves una organización de defensa de los derechos humanos.
Desde el 1 de enero de 2023, unas 307 personas fueron ejecutadas, una cifra que representa un aumento de 75% en comparación con los primeros cinco meses de 2022.
Solo en el mes de mayo, 142 personas fueron ejecutadas, es decir, cuatro por día, en la República Islámica, según Iran Human Rights (IHR), una oenegé con sede en Noruega.
Después de China, Irán es el país que lleva a cabo más ejecuciones por año en el mundo, según los grupos de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que denuncian procesos opacos y confesiones forzadas.
Siete hombres fueron ejecutados en la horca por vínculos con las protestas contra el régimen que estallaron en septiembre.
Varias oenegés afirman que las muertes en la horca se han multiplicado en el marco de casos de asesinatos y drogas, con las minorías étnicas presentes de forma desproporcionada.
“El objetivo de la intensificación de las ejecuciones arbitrarias en la República Islámica es extender el miedo en la sociedad, para impedir las protestas y prolongar su régimen”, declaró Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR.
“Si la comunidad internacional no actúa con más firmeza ante la oleada actual de ejecuciones, cientos de personas serán víctimas de su máquina de matar en los próximos meses”, agregó.
Según el informe, 59% de los ejecutados este año, es decir 180 personas, lo fueron por motivos relacionados con la droga.
El número de ejecutados en Irán por acusaciones relacionadas con estos delitos se triplicó este año respecto a 2022, declaró el viernes la oenegé Amnistía Internacional.
Según Amnistía Internacional (AI), al menos 173 personas han sido condenadas en lo que va de año por infracciones relacionadas con las drogas “tras unos procesos sistemáticamente inicuos”.
De todas las ejecuciones realizadas en Irán en los cinco primeros meses de 2023, un tercio guardaban relación con las drogas, y atañían sobre todo a “personas provenientes de comunidades marginadas y económicamente desfavorecidas”.
Amnistía Internacional declaró que cerca del 20% de los ejecutados pertenecían a la minoría étnica baluchí de Irán, “pese a que solo constituyen el 5% de la población iraní”.
“El ritmo con el que las autoridades llevan a cabo ejecuciones por infracciones relacionadas con los estupefacientes, violando el derecho internacional, muestra su falta de humanidad”, declaró Diana Eltahawy, vicedirectora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y África del Norte.
Desde que en 2017 se aprobó una enmienda a la ley antiestupefacientes para limitar el recurso a la pena de muerte por infracciones relacionadas con las drogas, las ejecuciones se redujeron durante unos años.
Pero, según los activistas, estas han ido en aumento desde 2020 porque Irán ordena ejecuciones por cualquier tipo de acusación con el objetivo de sembrar el miedo entre la población y reprimir las protestas.
“La comunidad internacional debe velar porque la cooperación en las iniciativas de lucha contra el tráfico de drogas no contribuyan, directa o indirectamente, a la privación arbitraria de la vida ni a otras violaciones de los derechos humanos en Irán”, reclamó Eltahawy.