Los diputados italianos respaldaron este miércoles un proyecto de ley que extiende la prohibición ya vigente en el país de la gestación subrogada a las parejas que la busquen en el extranjero, lo que suscitó advertencias de que la medida sea perjudicial para los derechos de los niños.
El proyecto de ley, aprobado por la Cámara Baja del Parlamento y que ahora se dirigirá al Senado, hará que los italianos que busquen un “vientre de alquiler” en otros países puedan ser procesados a su regreso a casa.
El texto del proyecto fue presentado por Fratelli d’Italia (FDI), el partido de extrema derecha de la jefa del gobierno Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones de septiembre con una campaña de nacionalismo y valores familiares cristianos y tradicionales.
Elisabetta Gardini, miembro de la FDI, criticó a la oposición durante el debate del miércoles, al calificar la gestación subrogada como un “útero en alquiler”, que “insulta la dignidad de la mujer y pisotea los derechos de los niños”.
Otro miembro del partido dijo en marzo que la maternidad subrogada, en la que una mujer lleva a término un embarazo por cuenta de otros, era un delito “incluso más grave que la pedofilia”.
Italia tiene una de las leyes más restrictivas de Europa contra la gestación subrogada y actualmente prevé para cualquiera que “realice, organice o divulgue” dicha práctica en el país una pena de prisión de tres meses a dos años y una multa que oscila entre los 600.000 y un millón de euros.
Los críticos afirmaron que ampliar la prohibición a las personas que recurren a vientres de alquiler en el extranjero es poco práctico e inconstitucional, y acusaron a la coalición de derechas de Meloni de postureo político.
Stefania Ascari, del opositor Movimiento Cinco Estrellas, lo calificó de “enorme embrollo jurídico”, “sobre todo enormemente perjudicial para los derechos de los menores” que podrían llegar a Italia y ver a sus padres detenidos.
- “Homofobia estatal” -
Según los medios, un gran número de personas que recurren a la gestación subrogada en el extranjero son parejas heterosexuales que no pueden tener hijos.
Sin embargo, el nuevo proyecto de ley preocupa a los activistas LGBT+, que advierten sobre el peligro para los derechos civiles que representa el gobierno de Meloni, en el poder desde octubre, y que ha enfatizado los valores familiares católicos.
El martes, cientos de personas protestaron frente al Panteón, en el centro de Roma, contra el proyecto de ley.
“En vez de ocuparse del clima (...), incendios, problemas graves (...), el gobierno se ocupa de esas cosas que conciernen a poca gente”, dijo Mario Colamarino, de 32 años, un homosexual que denuncia la “homofobia estatal”.
Fabrizio LaPaglia, de 60 años, un hombre gay con hijos de un matrimonio anterior con una mujer, dijo que estaba en la protesta para apoyar a todos los que buscan el derecho a la gestación subrogada, ya sean homosexuales o heterosexuales.
“Este gobierno está fuertemente apoyado por asociaciones provida, son fundamentalistas que quieren tomar decisiones sobre el cuerpo de la mujer y la comunidad LGBT”, dijo LaPaglia.
- Limbo legal -
Las uniones civiles están permitidas en Italia desde 2016, pero las parejas del mismo sexo no pueden casarse ni adoptar.
La reproducción asistida, en la que se utiliza un óvulo o un espermatozoide donado, es legal para parejas heterosexuales, pero no para parejas del mismo sexo o mujeres solteras.
Hasta ahora, los italianos que podían permitírselo viajaban a países donde se permite la gestación subrogada, como Estados Unidos y Canadá.
Pero este asunto es parte de un problema de mayor amplitud en Italia, ya que el país no tiene una ley para reconocer a los hijos de parejas del mismo sexo.
Con lo cual, estos niños quedan en un limbo legal, con sólo el padre biológico inscrito en su certificado de nacimiento, lo que obliga al otro a llevar a cabo un proceso de adopción largo y costoso.
A falta de una política clara, algunas ciudades, como Milán, Turín y Padua, habían registrado los hijos de parejas del mismo sexo, concebidos en el extranjero mediante la gestación subrogada, hasta que una directriz emitida en marzo por el Ministerio del Interior prohibió a los ayuntamientos hacerlo.
Desde entonces se han eliminado los nombres de algunos padres de los registros municipales, una medida angustiosa que también crea problemas burocráticos para el padre excluido.
Con información de AFP.