Bolsonaro, de 69 años, figura en una lista de 37 personas que según la Policía Federal deberían ser procesadas por “los crímenes de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”, según un comunicado.
La Policía informó que concluyó una investigación que durante casi dos años recabó pruebas sobre la existencia de una “organización criminal que actuó de forma coordinada en 2022 en la tentativa de mantener al entonces presidente de la República en el poder”.
En su primera reacción, el expresidente acusó al juez de la Corte Suprema que lleva el caso de actuar fuera de “la ley”.
“El magistrado Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice”, dijo Bolsonaro en un mensaje en la red social X.
Además del exmandatario (2019-2022), la Policía recomendó procesar a su exministro de Defensa, el general Walter Braga Netto, quien era a la vez su fórmula vicepresidencial en los comicios perdidos frente al actual jefe de Estado.
También se recomendó lo propio con otros funcionarios durante la presidencia de Bolsonaro, entre ellos el ministro de gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, y el jefe de Inteligencia, Alexandre Ramagem.
En manos de la Corte Suprema
Según la investigación, Bolsonaro discutió un plan golpista con miembros de su gobierno y de las fuerzas armadas, incluso antes de perder la reelección. Las autoridades policiales elevaron el caso al Supremo Tribunal Federal (STF), que se prevé lo mande a la Fiscalía General de la República.
Bolsonaro pretende ser candidato a presidente en las elecciones de 2026, pero se encuentra inhabilitado hasta 2030 por haber desinformado sobre el sistema brasileño de voto electrónico. Durante la investigación, el juez Moraes autorizó la publicación de declaraciones de ex altos mandos militares que comprometieron directamente a Bolsonaro.
En su testimonio ante la Policía, el exjefe del Ejército Marco Antonio Freire Gomes admitió haber participado en varias reuniones en las que Bolsonaro “presentó su hipótesis de utilización de instrumentos jurídicos” para refutar el resultado electoral.
Por su parte, el excomandante de la Aeronáutica Carlos Almeida Baptista aseguró que en uno de los encuentros realizados tras la derrota electoral, Bolsonaro insistió en buscar “mecanismos” para evitar el ascenso al poder de Lula.
“Las evidencias (contra el expresidente) cada vez son más robustas”, consideró a la AFP Isabela Kalil, profesora de la Escuela de Sociología y Política de São Paulo.
Tramas “golpistas”
Esta no es la única investigación sobre tramas golpistas que envuelve presuntamente al bolsonarismo. La Ppolicía brasileña detuvo el martes a cuatro altos militares, entre ellos un excolaborador del expresidente, por un supuesto plan para matar a Lula y dar un golpe de Estado en diciembre de 2022.
Tres de ellos figuran en la lista de los 37 divulgada por la Policía sin que se sepa si los actos que se les atribuyen se refieren al presunto proyecto de asesinato. El plan llamado “Puñal Verde y Amarillo” se habría discutido en casa de Braga Netto. Fue impreso en el palacio de Planalto, sede de la presidencia brasileña, según los investigadores. Entre las opciones para matar a Lula, supuestamente barajaron un “envenenamiento”
Las maniobras investigadas ocurrieron semanas antes de la asonada del 8 de enero de 2023 en Brasilia, poco después de la asunción de Lula, cuando centenares de simpatizantes bolsonaristas atacaron las sedes de los poderes públicos disconformes con la victoria del izquierdista.
Entre la diversidad de casos judiciales abiertos contra Bolsonaro, la Policía ya recomendó previamente inculparlo en un caso de supuesto desvío de joyas regaladas por Arabia Saudita, así como por otro de falsos certificados de vacuna covid.
*Con información de la AFP.