No son nuevas las tensiones que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido con la Administración de Control de Drogas (DEA) en su país; en su momento y cuando la agencia de noticias Reuters hizo pública la disolución de una unidad de inteligencia del organismo en el país centroamericano el presidente lo celebró y criticó la labor de los elementos en territorio mexicano.
El Gobierno había disuelto hacía un año la unidad élite antinarcóticos que había entrenado la agencia para combatir el crimen organizado por estar presuntamente “infiltrado por la delincuencia”. El anuncio vino acompañado de un parte de tranquilidad por parte del presidente López Obrador de la cooperación que aún mantenía “con organismos internacionales encargados de seguridad”.
En medio de este contexto de diferencias entre el organismo y el gobierno mexicano, se dio a conocer en las últimas horas que uno de los funcionarios de más alto nivel de la DEA en México habría sido destituido discretamente por “contactos inapropiados” con los abogados de los narcotraficantes, como lo asegura la Associated Press.
Se trata de Nicholas Palmeri, quien habría socializado e incluso vacacionado con los defensores que representan a diferentes narcos en Miami, algo que generó su destitución después de 14 meses en uno de los cargos más importantes de la organización en México.
Según AP, este cargo cuenta con un alto poder dentro de la DEA, siendo el director regional de la agencia antinarcóticos que tenía como labor, supervisar a docenas de agentes a lo largo de México, Centroamérica y Canadá.
Al respecto habló con SEMANA Mike Vigil, un ex agente de la DEA que trabajó para la Agencia Antidrogas Estadounidense durante más de 30 años y quien trabajó como jefe de operaciones del organismo.
“Cuando Palmeri fue director regional se puede decir que fue el puesto “más importante” que tiene la DEA porque muchas de las drogas que entran a Estados Unidos vienen de México incluidas las drogas sintéticas como el fentanilo que está causando tantas muertes en Estados Unidos”, dijo Vigil.
El presidente López Obrador comenzó a restringir las actividades del FBI, la DEA y otras agencias que tienen oficinas en México, limitando a estas organizaciones sólo a un intercambio de información, algo que desprestigió la labor de dichas organizaciones dentro de México.
El ex agente también se refirió a la imagen de la DEA después de la llegada de Cienfuegos a México asegurando que muchos han calificado a la agencia como una organización corrupta cosa que “no es cierta” pues si bien “hay individuos que se han metido en actos de corrupción son muy pocos y de todos los elementos que tenemos que hay muchos que si hacen bien su trabajo” recalcó Vigil.
Según el diario estadounidense The Washington Post, el organismo de control interno del Departamento de Justicia dijo que descubrió que un director regional de la DEA hizo mal uso de los fondos de la agencia para su fiesta de cumpleaños y para “artículos no permitidos” durante los viajes del principal funcionario de la agencia.
Finalmente, el director fue destituido con base en una segunda investigación, dijo la Oficina del Inspector General en un resumen, pero no proporcionó detalles, aseguró el medio norteamericano. Incluso uno de esos abogados, al que funcionarios estadounidenses actuales y anteriores identificaron como David Macey, también se vio envuelto en la investigación sobre Palmeri, narra la AP.
El caso del general Salvador Cienfuegos, el más alto mando del Ejército mexicano en ser acusado por narcotráfico y posteriormente exonerado por México, dejó al descubierto la tensa relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y agencias de inteligencia en los Estados Unidos, en especial la DEA.
Cienfuegos, un general retirado de 72 años de edad, fue detenido en Los Ángeles en octubre del año pasado acusado de nexos con el cartel mexicano de drogas H2. Tras un acuerdo con Estados Unidos, y gracias a que López Obrador se involucró directamente en las gestiones diplomáticas para garantizar su regreso, el militar fue exonerado en su país por considerar la justicia que no existían pruebas en su contra.