Proveniente de la línea más independentista catalana, Carles Puigdemont es una figura polémica y divisiva en la política de España. A pesar de enfrentar un proceso judicial por sus acciones separatistas, busca desde el exterior volver a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Su regreso a la arena política catalana se da después de seis años y medio fuera de España tras un fallido proceso independentista en 2017, por el que enfrenta cargos de desobediencia y malversación. La justicia española declaró ilegal aquel proceso, mientras que Puigdemont sostiene que es víctima de persecución política y judicial.
Recientemente, el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió archivar la investigación del caso Tsunami Democràtic debido a un error procesal que anuló todo lo investigado después del 29 de julio de 2021. Este caso se abrió para investigar delitos de terrorismo.
La causa estaba dividida en dos partes: el Tribunal Supremo asumió la parte referida a Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg (ERC), mientras que la Audiencia Nacional mantenía imputadas a otras diez personas, entre ellas Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Josep Lluís Alay, amigo de Puigdemont y jefe de su oficina en Waterloo.
El archivo de la investigación por la Audiencia Nacional se debió a que el juez García-Castellón prorrogó la investigación un día después de que el plazo permitido había finalizado, lo que invalida todas las pruebas recabadas desde ese momento. Esta decisión significa que las personas imputadas por la Audiencia Nacional ya no serán procesadas. Sin embargo, esta decisión no afecta a Puigdemont, quien sigue imputado por la misma causa en el Tribunal Supremo, aunque abre la posibilidad de que el alto tribunal pueda adoptar una resolución similar.
El Tribunal Supremo español anunció el archivo de la investigación a Puigdemont por un presunto delito de terrorismo en el caso “Tsunami”, después de que el juez a cargo cometiera un error con los plazos.
Aunque Puigdemont sigue imputado por malversación, un delito que el Supremo determinó no está cubierto por la ley de amnistía impulsada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, también está siendo investigado por alta traición. Esta última investigación busca determinar si Puigdemont mantuvo contactos con el Kremlin para obtener el apoyo de Rusia a cambio de contraprestaciones financieras.
La causa del caso “Tsunami” se centraba en las protestas de 2019 en Cataluña contra las sentencias condenatorias de varios dirigentes independentistas por la tentativa fallida de secesión de 2017. Estas protestas, que incluyeron intentos de tomar el aeropuerto de Barcelona y enfrentamientos con la Policía, estaban coordinadas por la plataforma digital Tsunami Democrático, detrás de la cual el juez sospechaba que estaban Puigdemont y otros líderes independentistas.
El 30 de julio de 2021, el juez García-Castellón decidió extender el plazo de instrucción un día después de lo permitido, lo que fue recurrido y llevado a que se archivara la causa. Puigdemont ironizó sobre este error del magistrado en redes sociales.
Tras el fracaso de la tentativa independentista en 2017, Puigdemont se fue de España eludiendo la justicia, mientras que la mayoría de sus compañeros de gobierno fueron condenados y posteriormente indultados por Sánchez. La polémica Ley de amnistía, aprobada para cubrir a más de 400 independentistas juzgados o encausados, fue el precio que pagó Pedro Sánchez para ser reelegido presidente del Gobierno.
Puigdemont ha dicho que volvería a España si pudiera ser investido nuevamente presidente catalán tras las elecciones regionales, pero hasta el momento no cuenta con los apoyos necesarios y sigue siendo objeto de una orden de captura por los presuntos delitos que pesan sobre él.
*Con información de la AFP.