Este martes 19 de noviembre se reinicia el caso contra el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien es acusado de comprar el silencio de la exactriz de cine porno Stormy Daniels. Esto después de que el juez de origen colombiano, Juan Merchán, retrasó hasta esta fecha su decisión sobre la petición de la defensa de desestimar el caso, tras la elección del líder republicano como nuevo mandatario de la nación norteamericana a partir de enero del próximo año.
Cabe recordar que un jurado popular declaró culpable en mayo a Trump de 34 cargos criminales por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz para comprar su silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado y que aseguró que se trataba de una persecución política.
Ese pago se realizó en 2016, en la recta final de la campaña electoral que lo llevó a la Casa Blanca por primera vez. La defensa de Trump había solicitado antes de las elecciones al juez Juan Merchán que desestime el caso a la luz del fallo de la Corte Suprema que otorga a los expresidentes inmunidad por los actos oficiales, por lo que se cree que puede que las acusaciones contra el mandatario electo no lleguen a buen punto.
Tras la aplastante victoria del republicano en las elecciones del 5 de noviembre, la fiscalía necesita ahora más tiempo para evaluar los siguientes pasos ante una situación inédita. El magistrado de origen colombiano había previsto anunciar el 26 de noviembre la sentencia que iba a imponer al primer expresidente de Estados Unidos en sentarse en el banquillo, tras retrasarla en dos ocasiones.
De momento, el futuro judicial del presidente electo sigue en el aire. Si Merchán desestima el caso, no habrá sentencia contra Trump, lo que sin duda sería una victoria para el magnate de 78 años. Si no lo hace, parece poco probable que le condene a la cárcel, ya que su equipo legal apelaría la decisión e interferiría con el papel de Trump como presidente cuando asuma el cargo el 20 de enero próximo.
“La ejecución de la condena, ya sea cárcel, prisión domiciliaria, trabajos de interés general o una multa, tendrá que esperar a que se resuelvan las apelaciones y que Trump (cuyo mandato concluirá en 2029) no esté en funciones”, escribió el exfiscal Randall Eliason en su blog. Donald Trump, mientras tanto, reitera que sus problemas con la justicia son una “caza de brujas” con motivaciones políticas.
“Impensable”
Un reciente editorial del periódico Kansas City Star pidió a Merchán que “haga lo que antes era impensable: obligar a un presidente electo a jurar su cargo desde una celda en la cárcel”. “La surrealista escena, aunque ciertamente chocante de presenciar para el resto del mundo libre, enviaría un mensaje inequívoco: el imperio de la ley sigue vigente en Estados Unidos”, refirió el diario.
Sus abogados han hecho todo lo posible para anular el proceso de Nueva York y retrasar más allá de 2024 otros tres procesos penales relacionados con los supuestos intentos del republicano de anular los resultados de las elecciones de 2020 y la retención de documentos clasificados después de haber dejado la Casa Blanca.
Tras su aplastante victoria el 5 de noviembre, el fiscal especial Jack Smith, nombrado para investigar sus problemas legales, y el Departamento de Justicia, iniciaron discusiones para “determinar el curso a seguir” ante la “situación sin precedentes” que ha generado su elección. Smith ha prometido anunciar el resultado de las deliberaciones antes del 2 de diciembre.
La mayoría de los analistas jurídicos esperan que Trump se beneficiará de la política que protege a los presidentes en ejercicio, lo que le permitiría eludir casos federales en su contra hasta el final de su mandato. Cuando regrese a la Casa Blanca, Trump nombrará un secretario de Justicia que sin duda destituirá a Jack Smith o simplemente ordenará a su departamento abandonar las causas contra él.
*Con información de la AFP.