A pesar de la ausencia de Rafael Correa, este lunes comenzó en la Corte Nacional de Justicia de Ecuador el esperado juicio contra el expresidente. Correa, que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, es acusado por el supuesto financiamiento de su campaña electoral de 2013 con dinero de empresas privadas, a las cuales les habría dado contratos con el Estado. El exgobernante fue vinculado al caso por un depósito en su cuenta personal de 6.000 dólares, los cuales provenían de un trabajador de su exasesora. Hasta el día de hoy, Correa alega que se trataba de un simple préstamo. Las consecuencias que podría sufrir el exmandatario de ser declarado culpable son de alto calibre. En primer lugar, enfrentaría una pena de tres años de prisión, la cual es imprescriptible en Ecuador. Si bien la condena parece menor, tendría un impacto lapidario para sus aspiraciones futuras. Supondría el fin de su carrera política, ya que la Constitución ecuatoriana impide presentarse como candidato en comicios a condenados por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Sus más acérrimos detractores, como el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quieren poner punto final a la participación de Correa en la política de aquel país, y se han alzado con la bandera para enjuiciarlo de una vez por todas. Moreno, antiguo aliado de Correa, ha manifestado en varias ocasiones que el expresidente es un "prófugo de la justicia".
La investigación no ha estado exenta de polémicas y cuestionamientos. Muchos no se explican por qué la Fiscalía se abstuvo de indagar a Odebrecht, a pesar de que la firma aparecía mencionada en la investigación periodística del portal La Fuente, que dio origen al proceso contra Correa. En el caso, denominado "sobornos 2012-2016", también están procesadas por el delito de cohecho otras 20 personas. Entre ellas, el exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de cárcel por recibir coimas de la firma brasileña Odebrecht, exministros, exdiputados y empresarios. Los acusados habrían recibido cerca de ocho millones de dólares de empresas para las presidenciales de 2013 a cambio de la entrega de obras. Los empresarios que entregaron dinero "fueron beneficiados de adjudicaciones de varios contratos" a través de los ministerios de Transporte y Sectores Estratégicos, y la Secretaría Nacional del Agua, señaló la fiscal Diana Salazar al iniciar el juicio, según información divulgada por la Fiscalía.
Este es el segundo juicio en su contra que enfrenta Correa, considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana. El otro corresponde al presunto secuestro de un opositor en 2012, pero ese proceso está suspendido pues la justicia requiere la presencia del exmandatario para juzgarlo. El expresidente enfrenta órdenes de prisión por ambos casos. En una publicación en Twitter, el expresidente calificó como una "gran farsa" la acusación de la Fiscalía. María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y acusada dentro del caso,declaró al inicio de la audiencia del lunes que está "imputada injustamente". "Que hagan justicia y que no se politice, que no sigan politizando" el caso, pidió la exfuncionaria. El juicio promete ser de largo aliento. Deben presentarse 120 testigos ante el tribunal presidido por el juez Iván León, por lo que podría tomarse varias semanas. *Con información de AFP