La junta de Birmania afirmó este domingo que las acusaciones hechas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los crímenes de estado son “incitación a la violencia”. El comentario de la ONU responde a los informes de tropas concentradas en el norte del país, que continúa en caos desde el golpe de febrero.
Frente a esto, la organización manifestó su preocupación por una posible catástrofe de derechos humanos en Birmania. “Deberíamos estar preparados, como está preparada la gente en esta parte de Birmania, para aún más crímenes atroces masivos. Confío desesperadamente en estar equivocado”, advirtió el relator especial de la ONU sobre Birmania, Tom Andrews.
Por ello, en un comunicado, la Junta de Birmania rechazó enfáticamente los comentarios de la ONU y señaló que solo suman para crear más división en la nación. De acuerdo con el comunicado, estas informaciones “solo pueden crear más divisiones dentro de la nación y son una incitación a la violencia interna”, replicó el domingo el régimen militar.
En la jornada, la junta también criticó al informe, acusando a la ONU de utilizar los derechos humanos “como una herramienta política para inmiscuirse en los asuntos internos de Birmania”.
Además la semana pasada, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tomó la decisión de dejar de lado al jefe de la junta, Min Aung Hlaing, para una próxima cumbre del bloque, que cuenta con una decena de países, por sus dudas respecto a su compromiso para intentar terminar con la sangrienta crisis en su país.
Por ello, solicitó que sea un “representante no político” quien asista a tal cumbre, sin embargo, la respuesta no fue positiva por lo que la Junta señaló que no creía que fuera posible realizar dicha petición.
Cabe señalar que en su momento, Andrews señaló que dichas “tácticas son una siniestra reminiscencia de las empleadas por las fuerzas armadas antes de sus ataques genocidas contra los rohingya en el estado de Rakhine, en 2016 y 2017″, aseguró, y agregó que recibió información sobre un gran número de tropas que se movía en áreas remotas del norte y noroeste de Birmania
De acuerdo con los hallazgos de Andrews, la junta ha estado involucrada en posibles crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se destacaron crímenes como asesinato de detenidos e informes creíbles de torturas a niños.
El vocero instó a los países a negar a la junta militar de Birmania el dinero, las armas y la legitimidad. Además, puso a la liberación de 5.000 opositores, a principios de semana, como evidencia de que la presión estaba funcionando.
De acuerdo con lo informado, aproximadamente 740.000 rohingya huyeron de Rakhine en Birmania, en 2017, después de que las fuerzas de seguridad lanzaran una represión tan brutal que de acuerdo con la ONU equivaldría a un genocidio.
Golpe de estado en Birmania
El ejército birmano dio un golpe de Estado el pasado 1 de febrero, cuando detuvo a la jefa de hecho del gobierno civil, Aung San Suu Kyi, que pidió “no aceptarlo”, y proclamó el estado de emergencia por un año.
El golpe, sin violencia, es necesario para preservar la “estabilidad”, afirmaron los militares, que prometieron en un comunicado en Facebook celebrar elecciones “libres y justas” al término del estado de emergencia.
Los militares acusan a la comisión electoral de no haber subsanado las “enormes irregularidades” que se produjeron, según ellos, durante las legislativas de noviembre, que ganó por amplia mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), en el poder desde las elecciones de 2015.
Aung San Suu Kyi, así como el presidente de la república, Win Myint, y otros responsables del partido fueron detenidos en Naypyidaw, la capital, dijo Myo Nyunt, portavoz de la formación, horas antes de que el Parlamento formado tras las últimas elecciones iniciara su primera sesión.
Con información de la AFP.