El expresidente Álvaro Uribe enfrente una investigación ajena al país y que decidieron abrir en Argentina, a cargo del fiscal federal, Carlos Stornelli, quien este martes confirmó la apertura, al ser denunciado por crímenes de guerra y de lesa humanidad durante su Gobierno como parte de los combates contra la guerrilla.
El fiscal dio curso a la denuncia que impulsaron un grupo de personas acusando al exmandatario por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2008, debido a que permitió la ejecución extrajudicial de 6.112 personas cometidas por militares contra guerrilleros, más conocido como “falsos positivos”.
Esos crímenes, según la denuncia, dejaron “un saldo de 6.112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército colombiano”.
En esta causa interviene el juez federal Sebastián Ramos tras la formulación de la denuncia por parte de Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo.
En un dictamen de 22 páginas al que tuvo acceso el diario argentino Clarín, Stornelli sostuvo a la hora de las imputaciones que “las eventuales responsabilidades serán deslindadas en el transcurso de la investigación. No obstante, corresponde señalar que en la denuncia se ha sindicado como presunto responsable al expresidente de la República de Colombia y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de ese país, Álvaro Uribe Vélez, ciudadano colombiano”.
Los relatos que se mencionan son los casos de los asesinatos de Luis Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Piña Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo, y el asesinato y desaparición forzada de otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas.
El argumento del fiscal Stornelli para la radicación de la denuncia ante los tribunales judiciales argentinos se basa “en el principio de jurisdicción universal, e invocaron el art. 118 in fine de la Constitución Nacional, la Ley 26.200, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los artículos 174 y 176 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Además de que, según la normativa del principio de Jurisdicción Internacional, “los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aun fuera del lugar donde fueran cometidos”.
Stornelli también le pidió al juez que se hagan exhortos internacionales a la Presidencia de la República de Colombia, Gobierno nacional, Ministerio de la Defensa y Ministerio del Interior para que “remitan copias certificadas de actas de reuniones (internas y con terceros), notas internas, comunicaciones que se hicieron entre 2002 y 2010 acerca de conductas relacionadas con asesinatos y desapariciones forzadas de civiles”, señala Clarín.