Un juez argentino formalizó este miércoles, 25 de septiembre, ante la Interpol los pedidos de captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su segundo al mando, Diosdado Cabello, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de “jurisdicción universal”, informaron una ONG y la prensa local.
“Líbrense órdenes de detención de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello (...) y dispónganse las capturas internacionales de los nombrados, vía Interpol, con fines de extradición, a la República Argentina”, publicó el portal Infobae, citando la resolución del juez federal Sebastián Ramos.
De su lado, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), querellante en la causa, exhortó en un comunicado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a “tramitar las alertas rojas para que sean detenidos los perpetradores de estos crímenes y que pueda haber justicia para las víctimas”.
La emisión de las órdenes de captura ocurre dos días después de que la Cámara Federal instruyera el arresto de Maduro bajo el principio de “jurisdicción universal”, que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o sus víctimas.
La cancillería venezolana había reaccionado entonces argumentando que este fallo violentaba “la jurisdicción de los Estados y las inmunidades y privilegios” de los altos funcionarios.
Las órdenes contra Maduro y su equipo surgen de dos denuncias de 2023, cuando gobernaba el peronista Alberto Fernández (centro-izquierda).
Ese año, la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y, separadamente, la FADD denunciaron al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa.
En su fallo del pasado lunes, la corte argentina determinó la existencia de “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado -cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente”.
La decisión se dio a conocer horas después de que la corte suprema de Venezuela refrendara su propia orden de arresto contra el presidente Javier Milei y otros altos funcionarios argentinos, también acusados de violaciones de derechos humanos.
La FADD es una ONG de derechos humanos liderada sobre todo por políticos e intelectuales argentinos vinculados al expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
La justicia argentina aplicó la jurisdicción universal cuando en 2010 abrió un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el mandato de Francisco Franco.
En 2021 abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Otro antecedente célebre de la aplicación de este principio ocurrió cuando, en 1998, el exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres tras una orden del juez español Baltasar Garzón.
*Con información de AFP