El Congreso de los diputados español inició este martes el examen de la polémica concesión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a los independentistas catalanes para mantenerse en el poder, un proyecto de ley de amnistía para los separatistas encausados que solivianta a la oposición.
Seis años después del intento de secesión de 2017, el líder socialista trata de justificar esta medida por la necesidad de pasar página en Cataluña tras una de las peores crisis políticas de la España contemporánea, que sigue marcando la vida política del país.
Admitiendo el lunes que se trataba de una de esas “decisiones muy complicadas, complejas también de explicar”, Sánchez, que en el pasado se opuso a la amnistía, defendió ahora que era “necesaria” para aprender lecciones de los hechos ocurridos en Cataluña en 2017.
“Lo que pretendemos” es “salir de un enfrentamiento infinito y sin solución, para devolver a la política lo que solo la política ya puede resolver”, justificó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, al inicio de un debate al que no acudió Sánchez.
Es la sesión “más triste en este Congreso desde el 23 de febrero de 1981″, le replicó el líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, muy crítico con el proyecto, recordando la tentativa de golpe de Estado militar de hace 42 años, en la que un grupo de guardias civiles irrumpió en el Parlamento. “Es una humillación para España”, añadió Núñez Feijóo.
La promesa de una rápida aprobación por el Parlamento de la amnistía permitió al presidente del gobierno ser reelegido a mediados de noviembre para un nuevo mandato gracias a los votos de los diputados de los dos partidos separatistas de Cataluña, que habían hecho de ella la condición indispensable para su apoyo.
Una vez aprobado, probablemente no antes de unos meses, este texto supondrá el levantamiento por parte de la justicia, en un plazo de dos meses, de la imputación de cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en la tentativa fallida de secesión de 2017 y en los hechos relacionados previos o posteriores.
La medida beneficiaría en primer lugar a Carles Puigdemont, que era jefe del gobierno regional catalán en 2017, y que podría así volver a España tras instalarse hace seis años en Bélgica, eludiendo así a la justicia española.
Mayoría absoluta
Apoyada por una mayoría absoluta de diputados de la izquierda, la extrema izquierda y los partidos vascos y catalanes, esta amnistía divide profundamente a la sociedad española y ha provocado la protesta de algunos miembros de la judicatura.
En las últimas semanas, el derechista Partido Popular (PP), vencedor de las elecciones legislativas del 23 de julio frente a los socialistas, pero que no pudo acceder al poder por falta de apoyos en el Parlamento, ha movilizado masivamente a la gente en las calles.
El PP, que dispone de mayoría absoluta en el Senado, prometió hacer lo posible por retrasar la adopción de la ley, que los socialistas pretenden que se vote por un procedimiento de urgencia que permite acortar el plazo de tramitación a la mitad. El partido conservador también anunció que presentará un recurso contra la futura ley ante el Tribunal Constitucional.
Los votantes socialistas, divididos
Acusando a Sánchez de llevar a cabo un “golpe de Estado”, el número uno del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, causó polémica, al afirmar sobre Sánchez, en una entrevista con el diario argentino Clarín, que llegará un momento en que “el pueblo querrá colgarlo de los pies”.
“Un discurso de odio” y un lenguaje que “no se oía en España desde hace muchas décadas”, criticó el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, aludiendo implícitamente a la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura del general Franco (1939-1975).
Más preocupante para el Gobierno, la próxima amnistía para los independentistas catalanes está provocando una fractura en las filas del Partido Socialista. Según una encuesta publicada el lunes por el diario El Mundo, el 45,8% de los electores que votaron al partido de Sánchez en las elecciones legislativas se oponen a ella.
Con información de AFP.