En el último año, la pequeña República Cooperativa de Guyana ha recibido visitas del más alto nivel diplomático. Mike Pompeo, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, la visitó en septiembre como parte de la misma gira regional en la que pasó por Bogotá. La semana pasada, el turno le correspondió al almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos. ¿A qué se debe tanta atención?
La respuesta está en una disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana que data de un laudo arbitral en 1899, cuando Guyana todavía era una colonia británica. El tema territorial es de marca mayor. Las pretensiones de Venezuela son, nada más y nada menos que dos terceras partes de Guyana, un territorio del tamaño de los departamentos de Meta, Casanare y Arauca juntos. Y desde que Exxon Mobil encontró petróleo costa afuera en 2015, ha aumentado lo que está en juego.
La cuestión guyanesa, que en Venezuela se conoce como el Esequibo, es quizás el único tema que une a todo el espectro político venezolano, de Nicolás Maduro a María Corina Machado, pasando por Leopoldo López, Henrique Capriles y Juan Guaidó. Los mapas oficiales de Venezuela incluyen el territorio hasta el río Esequibo, y el consenso político –en lo que es quizás el país más polarizado del mundo– es que ese territorio les fue robado por tribunales internacionales.
La historia tiene algo de intriga política victoriana. En 1895, Venezuela, apelando a la doctrina Monroe, le pidió a Estados Unidos, entonces un país amigo, que le ayudara a convocar un tribunal de arbitramento con el poderoso imperio británico para solucionar el diferendo limítrofe en su frontera oriental. Se convocó a un tribunal de arbitramento con cinco árbitros, dos de ellos americanos, dos ingleses y el quinto, nombrado de mutuo acuerdo por ambas partes, fue un jurista y diplomático ruso. El tribunal falló en 1899 y le dio el grueso del territorio en disputa al Reino Unido, aunque conservó para Venezuela la desembocadura del Orinoco.
Ambos países aceptaron el fallo hasta que, en 1949, murió Severo Mallet-Prevost, uno de los abogados que representó a Venezuela ante el tribunal, y dejó un memorando en el que decía que los árbitros fueron presionados por el Reino Unido a fallar en contra de las pretensiones venezolanas. La revelación desató una tormenta diplomática que llevó a que Venezuela denunciara el tratado como ilegítimo y se reabriera el diferendo limítrofe.
El memorando de Mallet-Prevost coincidió con los últimos años del imperio británico y en 1966 se firmó un acuerdo tripartito entre Venezuela, el Reino Unido y la recién independizada República de Guyana, en el que todas las partes se comprometían a solucionar el problema mediante una comisión mixta. Con el pasar de los años la comisión mixta no llegó a ningún acuerdo y el tema quedó en veremos. Más adelante, acudiendo al mecanismo de los buenos oficios, se le encargó el tema como mediador externo al secretario general de la ONU.
La disputa, que hasta entonces era solo de interés para los países involucrados, adquirió mayores dimensiones geopolíticas cuando, en 2015, la Exxon encontró petróleo costa afuera en Guyana. El campo Liza 1 fue considerado el hallazgo de crudo más grande de ese año en el mundo. Al cierre de 2020, Guyana llegó a un nivel de producción sobre 100.000 barriles por día y para 2025 espera hasta 750.000 barriles por día. Sus reservas probadas son de 8.000 millones de barriles. La diminuta República de Guyana está en proceso de convertirse en un petroestado.
Para ponerlo en contexto, Venezuela está produciendo alrededor de 300.000 barriles y Colombia produce actualmente cerca de 800.000 barriles al día. Colombia tiene reservas estimadas en 2.000 millones de barriles. Es decir que, al terminar la década, es probable que Guyana esté produciendo más crudo que Colombia. Y, por absurdo que suene, de no recuperarse el sector petrolero del país vecino podría producir más que la misma Venezuela.
Es difícil sobreestimar el impacto que esto va a tener. La población de Guyana es de 786.000 personas, menos que la localidad de Suba en Bogotá. Hasta hace poco era uno de los países más pobres del continente, con una economía basada en el azúcar. De llegar a producir 750.000 barriles, esto proyectaría el PIB per cápita del país a niveles de un emirato árabe. En 2020, en plena pandemia, el FMI estimó que la economía de Guyana crecería un descomunal 86 por ciento.
El reto para Guyana va a ser administrar esta bonanza para el futuro y asegurar que se invierta bien. Evitar una crisis política o una maldición de recursos naturales, tan común cuando se producen ese tipo de bonanzas. Así mismo, tendrá que pilotear las tensiones fronterizas con su vecino bolivariano. Maduro y su ministro de defensa, Vladimir Padrino, han reaccionado airadamente frente a lo que han calificado como una provocación norteamericana. Maduro emitió un decreto el 7 de enero que declara el territorio en disputa como una “Zona Estratégica de Fachada Atlántica”, una figura nueva para ‘fortalecer la soberanía’ de Venezuela en sus espacios continentales y marítimos. No está claro qué implicaciones va a tener la Fachada Atlántica, ni qué quiere decir el decreto cuando se dice que quedará bajo una ‘Autoridad Única’.
La disputa adquirió una nueva urgencia con la decisión de diciembre pasado de la Corte Internacional de Justicia de que sí tiene competencia en la materia. Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso y se ha negado a participar en las audiencias. Lo cual, por cierto, suele ser una mala estrategia, como en un futuro se podrá dar cuenta Colombia en su propio proceso con Nicaragua.
Aunque el proceso está iniciando, todos los analistas esperan un fallo a favor de Guyana, ya que fue Venezuela el que repudió el acuerdo inicial de 1899 sin presentar mayor evidencia fuera de los chismes póstumos del abogado Mallet-Prevost. Maduro le ha pedido al secretario general de la ONU que actúe como mediador entre los dos países, pero fue este último el que le envió el caso a la Corte.
Estados Unidos, por su parte, ha metido la cucharada y respaldado a Guyana. A pesar de que el Gobierno Trump no era devoto de la justicia internacional, apoyó la posición de la Corte Internacional de Justicia de asumir la competencia en el caso. Sumado a esto, ha enviado tropas y buques a la región para mostrarle los dientes a Venezuela. Los ejercicios navales conjuntos entre Estados Unidos y Guyana que tuvieron lugar la semana pasada se presentaron como unas operaciones de cooperación antinarcóticos en el Caribe. En la visita del Comando Sur, estos dos países firmaron acuerdos bilaterales para fortalecer su relación en materia militar.
A nivel regional, tanto la OEA, el grupo de Lima –del cual hace parte Guyana–, como el Caricom, rechazan las pretensiones de Venezuela. Solamente los países aliados del régimen bolivariano de Venezuela, como Rusia, se han manifestado a favor de su reclamo territorial. Colombia, por su parte, no le ha parado bolas al asunto. A estas alturas la Cancillería ni siquiera tiene una embajada en Guyana y maneja las relaciones con el país desde la embajada en Trinidad y Tobago. Colombia tiene rabo de paja con la Corte Internacional de Justicia por su negativa a aceptar el fallo de San Andrés de 2012, pero eso no debería impedir el desarrollo de una obvia alianza diplomática frente a Venezuela.
Hay muchos temas sobre los cuales se puede desarrollar una agenda bilateral ambiciosa como, por ejemplo, la cooperación policial en materia de antinarcóticos, donde el país tiene una experiencia reconocida a nivel internacional. Esto por no mencionar las oportunidades comerciales y empresariales para exportadores e inversionistas colombianos en un país a punto de iniciar un boom petrolero.
No solo eso. La manera como Venezuela desarrolle su teoría sobre la Fachada Atlántica impactará directamente a Colombia en sus fronteras marítimas que están aún sin delimitar en La Guajira. Sería importante que desde el Palacio de San Carlos se le preste mayor atención a la cuestión guyano-venezolana.