La eutanasia pasó a ser legal en Nueva Zelanda el domingo, un año después de que casi 65 % de los electores votara en referéndum a favor de legalizarla.
Aunque no está claro todavía cuántas personas buscarán aprovechar la medida, el Ministerio de Sanidad neozelandés estima que unas 950 podrían solicitar la muerte asistida cada año, de las cuales serían atendidas unas 350, según recoge el medio neozelandés Stuff.
Para acceder a la muerte asistida, dos médicos deben determinar que el paciente está debidamente informado. Además, solo personas con enfermedades terminales a las que les queden menos de seis meses de vida podrán pedirla, siempre y cuando experimenten un nivel insoportable de sufrimiento que no pueda ser aliviado.
Según la líder adjunta del partido ACT —grupo que impulsó la aprobación de la ley en el Parlamento neozelandés—, Brooke van Velden, la medida implica que el país “dará ahora a aquellos que enfrentan un sufrimiento terrible compasión y opciones al final de su vida”.
Unos 6.000 trabajadores sanitarios han completado el módulo de entrenamiento y 129 doctores y enfermeros han accedido al entrenamiento para aplicar la eutanasia, recoge Stuff.
De los sanitarios dispuestos a ofrecer la muerte asistida 64 % se encuentra en la Isla Norte, mientras que 34 % está en la Isla Sur.
El Ministerio de Sanidad ya avisó que es posible que no todas las zonas del país tengan acceso a un médico que pueda aplicar la eutanasia, si bien cualquier desplazamiento de profesionales médicos por este motivo será financiado por las autoridades.
A pesar del apoyo mayoritario a la medida, su financiación completa ha hecho que se compare con el acceso a los cuidados paliativos, que según han denunciado algunos trabajadores sanitarios no están dotados de suficientes recursos.
Eutanasia en Colombia, una eterna discusión
Martha Sepúlveda, la mujer de 51 años con una enfermedad degenerativa y que tenía planeado fenecer el 10 de octubre, inició una batalla jurídica para poder cumplir con su voluntad: morir dignamente y practicarse la eutanasia. Sepúlveda iba a ser la primera persona en Colombia que, sin sufrir una enfermedad en estado terminal, practicaría el procedimiento, pero la IPS Incodol lo frenó a pocas horas de adelantarlo.
Su historia revivió el debate por la falta de reglamentación alrededor de la eutanasia que está despenalizada desde 1997, convirtiendo a Colombia en el único país de América Latina que adelanta este procedimiento a pacientes no terminales. Sin embargo, ha sido un camino espinoso, pues, desde aquella sentencia del entonces magistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria, se habla de una legislación para reglamentar la práctica y no ha sido posible.
La primera regulación se hizo en 2015, después del llamado de atención de la Corte que dio 30 días al Ministerio de Salud para regular el derecho a la muerte digna. Seis años después, en julio de este año, esa cartera expidió otra regulación. La novedad de la Resolución 971 es que la eutanasia no se limita a personas con enfermedades en estado terminal, sino también a otras que son incurables y avanzadas. Con base en ello, Martha Sepúlveda tomó la decisión de dejar de sufrir y frenar el crecimiento de su enfermedad.
A pesar de que existan esas resoluciones, hay un vacío jurídico, porque no hay reglas claras y se habla de requisitos, como si fuera un trámite bancario, para solicitar la eutanasia. En 25 años, el Congreso ha evadido su responsabilidad para legislar sobre la materia y no existe una ley estatutaria que regule y defina el derecho fundamental a morir dignamente. “Muchos congresistas tienen votos en sectores religiosos y temen perderlos ante una posición en favor de la eutanasia”, dijo el exmagistrado Jaime Arrubla, quien afirmó que la Corte ha tenido que velar por los derechos de la ciudadanía ante la negligencia del Legislativo.
Sin duda, la Iglesia católica desempeña un papel fundamental en esta polémica. Su postura siempre ha sido la de un no rotundo, y la discusión de índole religiosa llegó al Legislativo. El constitucionalista Juan Manuel Charry cree que el Congreso no tendrá la capacidad de regular la eutanasia, y, por ello, los gobiernos serían los encargados de incluir el tema en su agenda legislativa. “Estos temas no son electorales, son civiles, y esa es la diferencia que no hace el Congreso”, dijo Charry.
*Con Europa Press.