La Justicia de Bolivia decidió ampliar durante cinco meses más la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración en el marco del denominado ‘caso golpe de Estado’.
La medida afecta también a los exministros de Justicia –Álvaro Coimbra– y de Energía –Rodrigo Guzmán–, que permanecen detenidos en la cárcel de San Pedro, en La Paz, acusados de los mismos delitos.
El abogado que presentó la denuncia contra Áñez tras la crisis postelectoral de 2019, Marcelo Valdez, lamentó la decisión, ya que considera que el caso requiere más tiempo de investigación.
“Nosotros estamos en contra de esta situación, vamos a apelar, tenemos 72 horas, y lo haremos por escrito. Consideramos que la investigación es muy compleja y muchos de los que han participado falta que declaren. La resolución debía indicar seis meses, no solo cinco meses”, declaró el abogado, según recoge el medio boliviano La Razón.
En cambio, la hija de Áñez, Carolina Ribera, denunció en redes sociales que se trata de una ampliación “ilegal” y “sin ningún tipo de criterio jurídico ni pruebas”.
Ribera relató que en la última visita halló a su madre “en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición”. Si fallece, será responsabilidad del Gobierno del presidente Luis Arce y del sistema judicial.
La defensa de Áñez ha solicitado que sea examinada por su médico personal, pero la solicitud ni siquiera fue recibida y temen que la situación de salud de la exmandataria se agrave.
Comparecencias
Entre tanto, la semana próxima fueron convocados a declarar en el marco del ‘caso golpe de Estado’ el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre, José Luis Camacho.
La expresidenta Áñez reveló este viernes durante la audiencia para decidir si se ampliaba la prisión preventiva que padece “anorexia nerviosa”, y avisó que el Gobierno boliviano “busca” y “logrará” su “muerte a corto plazo”.
Durante la audiencia, Áñez sufrió una descompensación, por lo que el acto fue aplazado hasta el sábado, cuando finalmente se ha dirimido que la prisión preventiva se mantendrá al menos cinco meses más.
El caso de Áñez
Era la madrugada del 13 de marzo de 2021. Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia entre 2019 y 2020, salía de su casa detenida, acusada de ser la coautora de un golpe de Estado. Seis meses después, la exmandataria derechista espera el juicio en su contra.
“La persecución política ha comenzado”, tuiteó la expresidenta derechista horas antes de su arresto en el departamento amazónico de Beni, de donde es oriunda.
En prisión preventiva en La Paz, la abogada y expresentadora de televisión, de 54 años, es señalada por haber promovido un supuesto golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019).
Enfrenta tres procesos en la justicia ordinaria por genocidio, terrorismo, sedición, conspiración, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Además, podría ser sometida a cuatro juicios de responsabilidades, previa aprobación de dos tercios del Parlamento.
Salud comprometida
La expresidenta se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel haciéndose cortes en un brazo. Días antes, un médico le había diagnosticado “hipertensión y síndrome ansioso depresivo”. Por ese motivo, su familia solicitó varias veces, sin éxito, que Áñez pudiera defenderse en libertad o, al menos, en prisión domiciliaria.
Señalando “agresiones en contra de la vida (...) de la exmandataria”, su defensa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de protección en favor de su cliente y aún aguarda el pronunciamiento del organismo.
“Evo Morales (...) la tiene como trofeo para dar un mensaje de miedo a todos los líderes de la oposición y a todos los bolivianos que piensen diferente”, dijo en su momento a la agencia AFP la hija de Áñez, Carolina Ribera.
*Con Europa Press.