La Fiscalía de Perú presentó una solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público en relación a los hechos de 7 de diciembre de 2022, cuando presionado por el Congreso anunció su disolución y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
De la misma forma, la Fiscalía también pidió por el delito de rebelión 25 años de cárcel para la ex primera ministra Betssy Chávez; los exministros de Comercio e Interior, Roberto Sánchez y Willy Huerta, respectivamente; y para los oficiales de la Policía Nacional, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.
Por su parte, el ministerio público hizo el reclamo también por el delito de rebelión 15 años de cárcel para el ex primer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres.
Pocas horas después de anunciar su intención de disolver el Congreso y nombrar un gobierno de emergencia, la Fiscalía peruana llevó a cabo su detención. Desde entonces permanece entre rejas en el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. La conocida como cárcel de los expresidentes es residencia también de Alejandro Castillo y hasta hace poco de Alberto Fujimori.
Además de por este caso, Fujimori también esta siendo investigado por una supuesta trama de corrupción tejida en torno al Ministerio de Vivienda y la petrolera estatal Petroperú de la que es considerado el cabecilla, por la cual cumple una pena de prisión preventiva también de 36 meses.
El mandato de Castillo fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana. Una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno (con más de 70 ministros) que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
El Poder Judicial de Perú había rechazado la solicitud presentada por el expresidente Pedro Castillo de revisar la petición de 36 meses prisión preventiva dictada en su contra, tras ser investigado por los delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias.
El magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, señaló que la investigación en curso es compleja y que existiría “riesgo de fuga y obstaculización” por parte de Castillo.
“Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado Pedro Castillo y, consecuentemente, se declara la vigencia de la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses dictada por este juzgado supremo mediante resolución 3 del 9 de marzo de 2023″, recoge la decisión.
El expresidente de Perú Pedro Castillo ha señalado a la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, por liderar una supuesta organización criminal para derrocar su gobierno durante una audiencia celebrada este lunes ante el Tribunal Constitucional.
Castillo ha asegurado que Benavides se coordinó con altos mandos de la Policía Nacional y algunos congresistas para llevar a cabo su persecución política. “¿Por qué? Porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o procedencia”, ha aseverado.
Asimismo, el exmandatario peruano también ha resaltado durante la audiencia (.en la que sus representantes han defendido un ‘habeas corpus’) que la Justicia ha vulnerado y violentado sus derechos constitucionales, especialmente el derecho a la libertad y al debido proceso, según ha recogido el diario ‘La República’.
Con información de Europa Press*