En medio de la crisis política que vive el Perú por la destitución y detención del presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, la Fiscalía General de Perú formuló un requerimiento acusatorio contra el expresidente Martín Vizcarra.
El Ministerio Público solicitó 15 años de prisión por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo argumentando que el exmandatario peruano se habría beneficiado por la ampliación de la frontera agrícola Lomas de Ilo-Moquegua y por la ampliación del Hospital de Moquegua, “circunstancia que generaría la existencia de un concurso real de delitos”.
En su momento, el Congreso peruano aprobó inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos al popular expresidente Martín Vizcarra, señalado de haberse vacunado de manera irregular contra la covid-19.
El pleno del Congreso tomó dicha decisión al hallarlo responsable de haber cometido seis infracciones a la Constitución del país en su mandato como presidente –en el período del 23 de marzo de 2019 al 9 de noviembre de 2020– al haberse vacunado contra la covid-19 de forma irregular así como permitir que se vacunaran su esposa, Maribel Díaz, y su hermano mayor, César Vizcarra, según El Comercio.
La inhabilitación de Vizcarra fue aprobada por 86 votos, sin voces en contra ni abstenciones, superando los 80 votos necesarios para sacarlo de carrera. De esta manera, el exmandatario, quien fue el más votado de las elecciones legislativas del domingo con más de 165.000 sufragios, no pudo ocupar su escaño en el Congreso.
En esta ocasión, además de 15 años de prisión, la Fiscalía solicitó nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, según detalló el propio organismo judicial en un comunicado.
Esta investigación preparatoria, que se inició en marzo del 2021, gira en torno a presuntos sobornos que habría recibido el exmandatario cuando fue gobernador regional de Moquegua por parte de empresas vinculadas al caso ‘Club de la construcción’ a cambio de los dos proyectos, informó la emisora RPP.
En su momento, al expresidente se le acusó de haber recibido sobornos para la concesión de obras públicas cuando era gobernador del departamento de Moquegua (2011-2014). El escándalo por los alegados hechos estalló en septiembre de 2021 cuando se filtraron unas declaraciones a la Fiscalía de unas personas que aspiraban a conseguir beneficios legales a cambio de revelar información sobre la supuesta trama de corrupción.
En este caso, concretamente, acusaron al presidente de haber recibido 2,3 millones de soles, unos 650.000 dólares, para conceder la construcción de un hospital y una obra de irrigación. La Fiscalía solicitó prisión preventiva contra él por este caso, pero la justicia consideró “infundado” el pedido, aunque le prohibió salir de Lima sin autorización y le impuso una caución de 27.000 dólares.
Finalmente, el Congreso de Perú aprobó destituir al presidente Martín Vizcarra por “incapacidad moral”, al cierre de un segundo juicio político en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos cuando era gobernador en 2014.
Ante la destitución, Manuel Merino, presidente del Congreso, asumió el cargo. El congresista fue uno de los que impulsó el primer proceso de vacancia adelantado en septiembre contra Vizcarra por el caso de unos contratos millonarios con un cantante.
*Con información de la AFP y Europa Press.