El grupo de expertos de la ONU es un organismo independiente creado por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en diferentes lugares del mundo en especial en América Latina.
Recientemente el Grupo de Expertos en Derechos Humanos emitió un documento en el que se mencionan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad por parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Hoy, 6 de marzo de 2023, los expertos de la ONU expresaron su preocupación por las denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones en Perú y pidieron a las autoridades del país un diálogo para poner fin a la crisis.
“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, expresaron los expertos.
El informe detalla el paso a paso de la decisión del ex mandatario peruano de disolver el congreso y su posterior captura acusado de rebelión, lo que obligó a Dina Boluarte, quien era su vicepresidenta, a aceptar el cargo de Jefe de Estado de la nación, motivo por el cual estallaron las protestas en todo el país.
“En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia”, dice el informe.
Desde que comenzaron las protestas y según datos de la Defensoría del Pueblo, han fallecido 48 manifestantes y un agente policial mientras que más de 1300 personas han resultado heridas mientras que centenares de manifestantes han sido detenidos.
“La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que sólo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma”, asegura el informe emitido por los expertos.
La investigación por parte de este grupo de expertos aseguró que una detención inicialmente legal puede desembocar en una desaparición forzada si las autoridades encargadas de la detención no reconocen que una persona está detenida o no proporcionan información sobre su suerte o paradero.
La preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación también fue un punto importante tratado dentro del informe, sobre todo a periodistas que cubren las protestas e instaron al gobierno a tomar medidas para garantizar la seguridad de los profesionales del periodismo en las zonas de protesta.
“Si bien el Estado debe garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia denunciados y cometidos por algunos manifestantes, debe hacerse una distinción entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones”, dijeron los expertos.
El llamado que hicieron al gobierno peruano tiene que ver con el uso de la fuerza letal que debe responder, según el informe, a la necesidad y justa proporcionalidad, de esta manera, “toda pérdida de vida resultante del uso excesivo de la fuerza sin el estricto cumplimiento de estos principios es una privación arbitraria de la vida y, por tanto, ilegal”.
Según detalla el comunicado, la información plasmada en el informe realizado por los expertos fue expuesta directamente al gobierno nacional y aprovecharon para pedir una solución política rápida, que tenga en cuenta la necesidad de rendir cuentas, y el fin de la violencia y la represión en el contexto de las protestas.
Castillo fue detenido y permanece en prisión preventiva acusado de rebelión y conspiración. La caída del ex mandatario tras 17 meses en el poder desató violentas protestas que dejaron hasta ahora cerca de 50 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Cabe resaltar que aunque reciben su mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estos relatores son expertos voluntarios e independientes que no hablan en nombre de Naciones Unidas.
Con información de AFP*