Los cambios, que formalizarían también a su esposa Rosario Murillo como “copresidenta”, afectan a más de un centenar de artículos de la arta Magna y, por ejemplo, n un año el mandato presidencial y le permite arrogarse más competencias, como “coordinador”, último de los poderes legislativo y judicial.
Los cambios, que formalizarían también a su esposa Rosario Murillo como “copresidenta”, afectan a más de un centenar de artículos de la carta magna y, por ejemplo, establecen la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como un símbolo oficial de Nicaragua.
El Gobierno nicaragüense ha ahondado en los últimos años en la represión contra la oposición política y las organizaciones de la sociedad civil que no consideraba afines y, con la reforma en ciernes, se reserva por ley el derecho a expulsar a cualquier funcionario público, informa el diario La Prensa.
Todos los funcionarios “deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política”, una consideración que abriría la puerta al cese de cualquier persona que no sea percibida leal con los intereses del régimen de Ortega.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, prometió trabajar “rápidamente” en la reforma del “comandante” Ortega y la “compañera” Murillo, como apuntan medios oficialistas. En su opinión, el nuevo texto está justificado en aras de la “modernización” de la Constitución para adecuarla “a los nuevos tiempos”.
La Constitución Política de Nicaragua fue adoptada en 1987 y ha sido reformada varias veces, siendo la última reforma importante en 2014. Su modificación requiere un proceso legislativo más complejo que la aprobación de leyes ordinarias.
La Constitución de Nicaragua exige procedimientos específicos para su reforma, como la aprobación por dos legislaturas consecutivas o mediante referéndum.
La noticia llega días después de que el Gobierno liderado Ortega haya cancelado otras doce oenegés más, incluida la Fundación Suiza de Cooperación para la Cooperación Técnica (Swisscontact), en el marco de la campaña represiva que comenzó en el país centroamericano tras las protestas antigubernamentales de 2018 y que afecta a líderes religiosos, medios independientes y activistas.
En el listado, publicado en el diario oficial La Gaceta, se incluye también la Fundación Flavio Galo, la Asociación Instituto de Estudios Superiores del Sindicalismo de Centro América y el Caribe (IESSCA), la Asociación de Familias y Amigos de Personas con Autismo en Nicaragua (Vida y Autismo) o la Asociación Nacional de Béisbol de Alto Rendimiento (Anabar y/o LBPN).
El régimen de Daniel Ortega ha incluido a representantes de la Iglesia católica entre los objetivos de su represión política, especialmente a raíz de su supuesta connivencia con las protestas opositoras de 2018, una persecución que ha denunciado en reiteradas ocasiones Naciones Unidas y que se extiende también a organizaciones civiles.
El gobierno de Ortega también endureció las leyes contra las oenegés recientemente y estableció que solo pueden trabajar en Nicaragua en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
La medida fue calificada como “sumamente alarmante” por la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.