El cruce de balas parecía sacado de una película de terror: carteles mexicanos, drones armados, fusiles de asalto, granadas, explosivos. Al final, un saldo trágico: 118 vidas perdidas. La causa no sería otra que la permanente lucha por el mercado de las drogas. Y, para rematar, la incapacidad del Estado de contenerla.
Ecuador vivió esta semana una verdadera pesadilla, una masacre ante los ojos de todos. La sobrepoblación, la insuficiencia de guardias y la supuesta corrupción de las autoridades produjeron la violenta jornada en la cárcel de Guayaquil. Hacia las doce de la noche, las autoridades dijeron que la crisis había sido superada y que “se había evitado un mal mayor”, pero era falso.
Horas después, las luchas armadas se reanudaron y el saldo fue aún más trágico. Las víctimas surgieron de lado y lado: reclusos y miembros de la Policía. El penal se convirtió en un campo de batalla, y a la fuerza pública le quedó difícil recuperar el control. “Nos reciben con proyectiles de armas de fuego, nos disparan (…) Nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas… con fusil”, dijo Fausto Buenaño, comandante de la Policía en Guayaquil, sobre los hechos ocurrido el martes y miércoles de esta semana.
La brutalidad de los ataques no se había visto en el vecino país. Al menos seis de los muertos fueron decapitados dentro del penal, una táctica de venganza muy conocida entre los carteles mexicanos de droga. Hubo tres ataques con drones que causaron daños en la infraestructura de la cárcel. El objetivo final era dar de baja a unos líderes de las bandas ecuatorianas del narcotráfico detenidos allí.
Los problemas en las prisiones de Ecuador vienen siendo recurrentes desde hace varios meses. Este fenómeno se ha producido en paralelo con el aumento del narcotráfico por cuenta de la irrupción de carteles internacionales de droga.
El país se ha convertido en un lugar clave para el tránsito de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa, y la sobrepoblación carcelaria solo ha sido un ingrediente más para que, ante cualquier enfrentamiento, los muertos y heridos se multipliquen. Según datos revelados tras la tragedia, cada guardia debe cuidar a cerca de 27 reclusos.
No es la primera vez que Ecuador vive una masacre en sus cárceles, pero esta sí es la más violenta. El 23 de febrero de este año, disturbios simultáneos en cuatro prisiones, incluida la de Guayaquil, dejaron 79 reclusos muertos.
Las técnicas del horror, como las decapitaciones, fueron usadas también esa vez. Además, uno de los penales había sido atacado con drones apenas dos semanas atrás, aunque sin dejar heridos o muertos. Desde ese incidente se venía reclamando una mejora de las condiciones carcelarias, en especial en materia de hacinamiento. El cupo es para 30.000 presos, pero hay 39.000.
El Gobierno de Guillermo Lasso decretó estado de excepción para todas las cárceles del país, lo que abre la posibilidad de que tanto la policía como el ejército puedan entrar a los penales para frenar los conflictos que se viven allí. “Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales”, dijo el mandatario, que reiteró que al Estado no le temblará la mano cuando tenga que recuperar el control de algún otro centro penitenciario en Ecuador.