Una universidad japonesa se encontró con una factura de 27.150 dólares, alrededor de 104.247.040 pesos colombianos, después de que un trabajador dejara el grifo de la piscina del establecimiento abierto durante más de dos meses pensando que ayudaría a prevenir las infecciones por la covid-19.
El empleado responsable de la gestión de la piscina de este establecimiento de Yokosuka (sur de Tokio) dejó abiertas las compuertas entre finales de junio y principios de septiembre pasado, incluso durante las vacaciones escolares.
Aunque el cloro y el sistema de filtración preservan en principio la calidad del agua, el profesor “se metió en la cabeza que un suministro continuo de agua también realizaría esta tarea, e incluso ayudaría a proteger contra el coronavirus”, explicó a la AFP Akira Kojiri, un responsable del rectorado local.
En varias ocasiones, otros miembros del personal se dieron cuenta de que el agua fluía y cerraron el grifo, pero el maestro lo reabrió cada vez, lo que resultó en un consumo estimado en más de 4.000 metros cúbicos, suficiente para llenar la piscina once veces.
El ayuntamiento de Yokosuka pidió al profesor, cuyo nombre no se hizo público, y a dos de sus responsables que reembolsaran la mitad de la factura, es decir, más de 50 millones de pesos colombianos.
Mientras eso ocurre en Japón, en Estados Unidos una empresa anunció que apelará la decisión judicial que la obliga a indemnizar con 450.000 dólares a un empleado, al que despidió tras sufrir un ataque de pánico a causa de una fiesta de cumpleaños organizada contra su voluntad.
Kevin Berling, quien dice sufrir ansiedad, había advertido a sus superiores en la firma Gravity Diagnostics que no deseaba celebrar este día, explicando que le traía malos recuerdos relacionados con el divorcio de sus padres, según documentos judiciales.
Pero el 7 de agosto de 2019, durante la pausa para el almuerzo, Berling se vio sorprendido por el saludo de “feliz cumpleaños” de varios colegas y una pancarta alusiva a la ocasión en la sala de descanso de la empresa, ubicada en Kentucky (centro este).
Luego se dirigió a su automóvil, en el que, según afirma, sufrió un ataque de pánico.
Al día siguiente, durante una reunión con su jefa y otro colega para hablar de lo que había ocurrido, “agredió verbalmente a ambos, apretando los puños y los dientes, con la cara roja y temblando”, pidiéndole a la mujer que “se callara”, sostuvo John Maley, abogado de Gravity Diagnostics, en un correo electrónico a la AFP.
La supervisora y el otro empleado presente “temieron por su seguridad”, agregó, lo que llevó a la empresa a despedir a Berling.
Antes del incidente, este hombre nunca había sido sancionado o amonestado por su comportamiento.
Para impugnar su despido, Berling demandó a Gravity Diagnostics por “discriminación por motivos de discapacidad”, obteniendo a fines de marzo una orden de indemnización de 150.000 por la pérdida de ingresos y 300.000 por la humillación, la pérdida de autoestima y el sufrimiento causado.
La compañía, que niega cualquier discriminación y dice que no fue informada de los problemas de ansiedad del empleado, interpondrá un recurso de apelación, explicó Maley.
“Los empleadores, particularmente en este momento de violencia en los lugares de trabajo, tienen el derecho y deben tomar medidas inmediatas, como aquí, para proteger a sus empleados”, dijo.
*Con información de AFP.