La muerte del colombiano Frank Ospina, el pasado mes de marzo en el Reino Unido, hizo que medios de comunicación se fijaran en la problemática de la inmigración que afronta el país europeo.
El deceso se dio a conocer por el mismo director del centro donde estaba Ospina. “Con todo respeto tengo que anunciar que el señor Frank Ospina, lamentablemente falleció hoy (...) Tengan la seguridad de que estamos haciendo todo lo posible para reducir los riesgos de que incidentes similares vuelvan a ocurrir en el futuro”, aseveró en aquella ocasión Paul Rennie, director del Centro de Expulsión de Inmigrantes de Heathrow.
Sin embargo, el diario The Guardian comenzó a indagar sobre esta muerte y aseguró que testigos, migrantes que se encuentran detenidos en el lugar, dijeron que Ospina se había quitado la vida y que incluso otros detenidos también lo habían intentado e incluso han organizado protestas en el centro debido a las malas condiciones en las que son alojados.
Ospina, de 39 años de edad, había migrado a Reino Unido buscando un mejor futuro económico y su familia desde Colombia pide justicia por lo ocurrido a Ospina en el centro de detención, ya que seis meses después siguen los interrogantes sobre su deceso, acciones que demuestran la poca empatía que tiene Reino Unido con los migrantes.
Duras restricciones para los migrantes en Reino Unido, ya no tendrán derecho a asilo en el país
Desde el Parlamento británico se adoptó una controvertida ley contra la inmigración ilegal, que restringe drásticamente el derecho al asilo. Esta fue criticada por la ONU, organización que denunció que va en contra del derecho internacional sobre personas refugiadas.
El texto es una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak (conservador), que se impuso la prioridad de luchar contra la inmigración irregular y prometió “detener” las llegadas de migrantes por el canal de la Mancha.
Los migrantes que lleguen de forma ilegal al territorio británico ya no podrán pedir asilo en el país, según la ley.
Además, el Gobierno británico quiere que estos sean rápidamente detenidos y expulsados, ya sea a su país de origen o a otro Estado como Ruanda, vengan de donde vengan.
El proyecto de ley sobre inmigración estuvo bloqueado durante semanas en el Parlamento, pues la Cámara de los Lores pidió numerosas enmiendas, para restringir las detenciones de menores y para evitar formas de esclavitud moderna.
La ONU condenó la ley, afirmando que entra “en contradicción” con las obligaciones del Reino Unido respecto al derecho internacional relativo a los derechos humanos y los refugiados.
Reino Unido no da garantías a los migrantes
El texto tendrá “profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional”, denunciaron en un comunicado conjunto el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el alto comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi.
Los migrantes no tendrán “garantía alguna de poder beneficiarse de una protección en el país” al que serán expulsados, denunció la ONU.
Según Naciones Unidas, la ley “crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado”.
Según la ONG británica Refugee Council, “es un día oscuro” para la reputación del Reino Unido. “Un gobierno está en problemas y está probando el viejo método que consiste en (...) acusar a los migrantes de sus propios fracasos”, lamentó Michael Rosen, un activista de los derechos de los refugiados que protestaba con decenas de personas el martes frente al Parlamento.
Con información de AFP