El prestigioso diario británico The Economist calificó la nueva carta magna de Chile como una “lista de deseos de izquierda fiscalmente irresponsable”, un duro golpe para el proceso que se ha llevado en el país austral desde el año 2019. Con este se pretende llevar a la sociedad chilena a un mejor futuro, pero que pareciera que el destino fuera todo lo contrario.
Abiertamente, el medio les pide a los ciudadanos chilenos que rechacen la constitución en las votaciones de septiembre, que, de ganar la aprobación, el país tendrá que reglamentar. Los motivos para que las voces en contra sean tan fuertes son varias, pero haciendo especial énfasis en una política económica peligrosa que podría llevar al país a la debacle.
El mundo empresarial sería el primer afectado, ya que pregona que los sindicatos pueden ser los únicos representantes de los trabajadores, les da derecho a decisiones empresariales y la posibilidad de irse a huelga, básicamente cuando quieran y por motivos que pueden ser totalmente ajenos al trabajo. Además de que la precariedad laboral estará prohibida, por lo que despedir a cualquier empleado será supremamente difícil, aunque se tengan los motivos para ello.
Así mismo, el mundo del agro no se queda atrás y ya se despiertan alarmas. Fácilmente, los propietarios podrían perder sus títulos de propiedad si el Estado requiere dichas tierras; además, la compensación por dicha expropiación no sería bajo el precio del mercado, sino el que el Congreso chileno considere justo.
La creación de derechos socioeconómicos preocupa porque en ningún momento se detalla cómo se van a financiar artículos consagrados en el documento. Por ejemplo, el de un sistema de salud integrado público y la provisión de vivienda para toda la ciudadanía. También, prohibiciones de cosas como la especulación inmobiliaria y los servicios educativos con ánimo de lucro.
Los pesos y contrapesos en el sistema chileno también se verían seriamente afectados, ya que un solo tribunal sería el que controlaría todos los nombramientos judiciales, labor que antes tenían la Corte Suprema, el presidente, la Corte de Apelaciones y el Senado.
Desde su misma concepción, el documento está lleno de faltas de claridad y peca por ser muy ambicioso en cosas que no parecen realistas de cumplir y que, además, no tiene un plan serio de como hacer dichas reformas.
Por ejemplo, se cita varias veces una ‘perspectiva de género’; sin embargo, nunca se detalla de qué trata, igualmente pasa con los ‘derechos a la naturaleza’ y otras leyes que hacen levantar la ceja a más de uno, como la obligación del Estado de “promover el patrimonio culinario y gastronómico” de Chile y “la espiritualidad como elemento esencial del ser humano”.
El proceso constitucional en Chile ha sido muy polémico, empezando porque fue el producto del estallido social del 2019 y, desde entonces, las encuestas han castigado fuertemente la nueva carta magna.
Según la firma Data Influye, el 46 por ciento de los chilenos rechazaría la nueva constitución en las urnas, mientras que solo el 41 por ciento votaría a favor de esta.
Además, el presidente Gabriel Boric, quien ha sido uno de los grandes impulsores del proceso constitucional, no pasa por sus mejores momentos, marcando una impopularidad que cada día crece más.
Según la firma Cadem, la aprobación del mandatario de izquierda es de apenas el 33 por ciento, mientras que la desaprobación subió al 62 por ciento, subiendo 15 puntos desde el mes pasado. Por lo anterior, ambos procesos, que parecían ser un triunfo de la izquierda chilena, están siendo un fracaso, tanto la nueva constitución como el presidente que la respalda.