El pasado 19 de octubre, el presidente de Perú, Pedro Castillo, le pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que active la Carta Democrática Interamericana temiendo un posible golpe de Estado.
En la carta enviada por el primer mandatario al Secretario General de la OEA, Castillo le pide aplicar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, que se aplican “cuando el gobierno de un Estado miembro considera que está en riesgo su proceso político institucional o su legítimo ejercicio del poder”; por ello “podrá pedir asistencia para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática”.
Tras la petición del presidente Castillo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) anunció que ya hay un grupo de alto nivel que analizará la aguda crisis política en Perú y que el mismo grupo está formado por ocho personas, incluidos cinco cancilleres.
La misión estará compuesta por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero; de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola, y de Belice, Eamon Courtenay, señala la presidencia del Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, en un comunicado.
Además, la integrarán la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil; el viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet, y el paraguayo Eladio Loizaga, representante de la secretaría general de la OEA.
El organismo aseguró que la fecha del viaje y la agenda del grupo “se definirán próximamente”.
El 20 de octubre, en una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente acordó por aclamación enviar “un grupo de alto nivel” a Perú “con el fin de hacer un análisis de la situación”, según el comunicado emitido por el organismo internacional.
En febrero de este año, en un acto público, Pedro Castillo ya le había pedido a la OEA que se activara la Carta Democrática; en ese momento, para “darle tranquilidad al país” frente al escándalo que afrontaba su gobierno por el caso de Karelim López y las grabaciones que perjudicarían a su gobierno.
Castillo, en el poder desde 2021 para un mandato de cinco años, enfrenta dos intentos de destitución en el Congreso -dominado por la derecha- y fue sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.
La Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y a la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un “golpe de Estado”.
Acompañamiento por parte de órganos constitucionales
La Defensoría del Pueblo de Perú mostró su disposición a colaborar con la OEA en su visita al país, en la que se espera evaluar la situación democrática del Estado latinoamericano.
La defensora del Pueblo de Perú, Eliana Revollar, señaló en una entrevista a Radio Programas del Perú (RPP) que, aunque no ha solicitado la reunión con la OEA, estaría dispuesta a colaborar si el organismo se lo pidiese.
“Nosotros no hemos solicitado una reunión (con la OEA), como tampoco hemos hecho con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos): nos han buscado. Si (la OEA) tiene a bien pedir la participación de la defensoría, nosotros estamos dispuestos a contribuir”, dijo la funcionaria.
En este sentido, la defensora del Pueblo de Perú ha subrayado la importancia de que la OEA tenga “una mirada muy panorámica de lo que viene ocurriendo” en Perú, por lo que ha instado al organismo a, no solo hablar con el Ejecutivo, sino a hacerlo con el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso.
Con información de AFP y Europa Press*