La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó hace tres días el informe Una nueva agenda para la salud mental en la Región de las Américas, el cual plantea diez recomendaciones que tienen que seguir los países del hemisferio en este asunto.
El informe se basa en los principios de la cobertura universal de salud, los derechos humanos, la equidad, la no discriminación, el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y sus familias, y un esfuerzo común de diferentes sectores para aprovechar recursos financieros, conocimientos y habilidades.
Jarbas Barbosa, director de la organización, fue el encargado de liderar la sesión de presentación. En su intervención, afirmó que las graves consecuencias que tuvo la pandemia por la COVID-19 fue el aumento de personas con depresión y ansiedad, paralelamente con la interrupción de tratamientos para estos trastornos por parte de los servicios de salud.
Sin embargo, el director afirmó que esta coyuntura ya se venía presentando desde antes de la pandemia, pero este periodo intensificó en mayor medida las cifras. Por lo tanto, el mensaje que Barbosa le dio a la región tuvo que ver con invertir con más creces en este aspecto de salud pública.
“En las Américas más del 80 % de las personas con una enfermedad metal grave, incluida la psicosis, no recibieron tratamiento en 2020. Además, la atención existente está basada en el encierro y la hospitalización de larga duración, en vez del apoyo comunitario. Hay también escasez de personal sanitario capacitado y un acceso reducido a los servicios para las personas que viven en situación de vulnerabilidad”, afirmó al decirle a las cabezas de los países que la salud mental debe ser un tema prioritario en la agenda, principalmente en las zonas donde la desigualdad y escasez están presentes.
La primera consideración es elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional. Por un lado, se hace un llamado a los gobiernos de encabezar una reforma de la salud mental para que sea sostenible y de largo alcanza en todo el territorio, lo cual implica que deben comprometerse a colocar en uno de los puntos importantes de la agenda de política nacional.
Si eso se hace, la organización asegura que será un gran paso para el desarrollo nacional, debido a que será positivo para las comunidades y sociedades que componen al país. La cobertura universal también debe ser tratada, por el hecho que es el modo para que las personas tengan acceso a toda la fama de salud, sin importar los obstáculos económicos y sociales.
De la mano con ese punto, el informe indica que la segunda recomendación es integrar la salud mental en todas las políticas. Su integración en otras áreas programáticas pertinentes puede facilitar la promoción de la salud mental y la prevención de los problemas relacionadas a la misma, aumentar la accesibilidad de la atención en este campo y mejorar los resultados más allá de este sector.
En ese orden de ideas, la consideración es vincular la salud mental a políticas de otras políticas, como lo pueden ser para los ambientes laborales, escuelas, centros carcelarios; también como medidas de apoyo social (vivienda, empleo, educación y protección infantil).
Aumentar la cantidad y mejorar la calidad del financiamiento para la salud mental es otra recomendación de la OPS. Desde esta perspectiva, se hace referencia a darle más recursos al gasto de salud mental frente, empleando diferentes mecanismos de financiamiento para aumentar los fondos destinados para este aspecto y así invertir en programas que sean eficaces.
“Es imprescindible realizar inversiones sustanciales y sostenidas en los servicios y la atención de salud mental a nivel comunitario para mitigar la actual crisis de salud mental exacerbada por la pandemia de COVID-19 y lograr un desarrollo sostenible a largo plazo”, explica el informe sobre la responsabilidad que tienen los gobiernos en este asunto.
Por otro lado, la OPS señala que se deben garantizar los derechos humanos de las personas son salud mental, siendo este el cuarto elemento que traen acotación. Los pacientes con esta condición, tienden a ser en una situación de mayor vulnerabilidad si se compara con el resto de la sociedad, debido a que son víctimas de señalamientos, discriminación y exclusión. Para reducir esto, los gobiernos deben hacerse cargo de proteger sus derechos y así dar un importante paso hacia adelante en ese asunto.
La quinta sugerencia es la promoción y protección de la salud mental a lo largo de la vida. El informe indica que en el marco de la salud mental se requiere crear y ampliar los sistemas de protección social. Del mismo modo, es necesario priorizarla en la población infantil y adolescente, para tener efectos positivos en el futuro.
Asimismo, el fortalecimiento de la prevención en el campo de salud mental en los espacios laborales es vital para construir una política pública robusta. Finalmente, otro brazo articulado de este punto es el diseño de ciudades adaptas a los adultos mayores, un segmento de la población con alta incidencia en salud mental.
Mejorar y ampliar los servicios y la atención de salud mental en los espacios comunitarios es el siguiente aspecto mencionado por la organización. El primer paso para esto es fortalecer la integración de la salud mental en los centros de atención primaria, para que tenga la importancia que merece. Adicionalmente, la creación de servicios alternos para ser tratada es una buena herramienta para poner en marcha.
En correlación, hay que sacarle provecho a las herramientas tecnológicas que están a disposición para mejorar los servicios que ofrecen las entidades para la salud mental, principalmente en asuntos de ayuda psicosocial y en emergencias.
De la mano con esto último, la séptima consideración está relacionado con una de las peores consecuencias del mal tratamiento a la salud mental: el suicidio. La organización señala el requisito que hay actualmente frente a formular estrategias nacionales de prevención del suicidio fundamentadas en intervenciones a la salud pública.
Si se plantea un plan estratégico que promueva la prevención, será un gran avance para la sociedad. El octavo punto es adoptar un enfoque transformador en las cuestiones de género. Esto implica reducir las desigualdades entre los géneros para promover el empoderamiento de las mujeres; siendo esto un factor para darle mejor respuesta a las violencias de género y reducir los comportamientos masculinos tóxicos.
Finalmente, los últimos aspectos que trajo a consideración la OPS son, por un lado, abordar el racismo y la discriminación como determinantes de salud mental. Para ello, se necesita trabajar con los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y manejar este tema bajo un enfoque diferente al convencional. El último aspecto tiene que ver con el manejo de la data, concretamente mejorando los datos e investigaciones que hay sobre salud mental.
La organización señala que hay que incluir un componente de seguimiento, evaluación y aprendizaje de los programas de salud mental en la sociedad, los cuales permitan tener mejores panoramas y balances en este aspecto.