¿Por qué se concede una amnistía?
Porque los independentistas catalanes lo exigieron, a cambio del apoyo indispensable de sus diputados en el Parlamento a una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del gobierno.
Pese a que hasta la víspera de las elecciones legislativas del 23 de julio se mostraba contrario a una amnistía, Sánchez afirmó a finales de octubre que pretendía hacer “de la necesidad virtud” optando ahora por esta medida que contribuye, según él, a la “normalización política en Cataluña”.
“Queremos con esta ley cerrar heridas y (...) resolver el conflicto político existente en Cataluña”, seis años después del intento fallido de secesión de 2017, afirmó en la noche del lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
¿A qué delitos y personas afecta?
Registrada el lunes en el Congreso de los Diputados, esta proposición de ley busca amnistiar todos los delitos cometidos “con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña”, en el marco del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como de la consulta simbólica organizada el 9 de noviembre de 2014.
El texto afecta a los delitos de orden penal, administrativo o contable cometidos desde el 1 de enero de 2012, relacionados con estos dos acontecimientos. La futura ley amnistía tanto a los dirigentes o funcionarios catalanes que organizaron el referéndum de 2017, prohibido por la justicia, como a los militantes de base o simpatizantes que, por ejemplo, trataron de bloquear el acceso de las fuerzas del orden a los centros de votación.
La acción policial, que dejó algunas escenas de violencia en 2017, también está cubierta por esta amnistía. En cuanto se adopte la ley, Carles Puigdemont, a quien la justicia española sigue reclamando, podrá regresar a España, seis años después de su huida a Bélgica para esquivar los procesos.
Los dirigentes separatistas que, como Oriol Junqueras, fueron condenados a amplias penas de prisión e indultados en 2021 por el gobierno de Sánchez, también verán desaparecer sus sentencias de inhabilitación, activas hasta ahora.
Los tribunales tendrán, como máximo, dos meses para aplicar esta amnistía y los recursos que se interpongan no serán suspensivos, indica la proposición de ley. Según una estimación de los impulsores del texto, la amnistía podría beneficiar a unas 400 personas en total.
¿Quién la apoya?
El texto podrá contar con el apoyo de una mayoría absoluta de 178 diputados procedentes de las filas del Partido Socialista, de la extrema izquierda y de los partidos nacionalistas o independentistas vascos, catalanes y gallego.
En un contexto de fuerte movilización de la derecha en la calle, las formaciones firmantes del texto quieren que se adopte a través de un proceso de “urgencia”. Pero el Partido Popular (PP, derecha), que ostenta la mayoría en el Senado, pretende modificar el reglamento de la cámara alta para ralentizar su examen.
¿Qué dicen sus detractores?
Acusan a Pedro Sánchez de atentar contra el Estado de Derecho, con el único objetivo de mantenerse en el poder. El PP y la formación de extrema derecha Vox ya anunciaron que interpondrán todos los recursos posibles.
Una parte de la magistratura también expresó su más firme oposición. El Tribunal Supremo, la más alta jurisdicción penal del país, quiso recordar el lunes que “el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”.
¿Qué es el ‘lawfare’?
Este concepto, que hace referencia a la utilización de la justicia contra opositores políticos, no está mencionado en la propuesta de ley de amnistía, pero sí figura en el acuerdo firmado entre el Partido Socialista de Sánchez y el de Puigdemont.
Su aparición preocupa especialmente a los magistrados, que mostraron su rechazo a la posible acción, incluida en el pacto, de comisiones de investigación parlamentarias en las que se examinen decisiones judiciales que hubieran podido constituir, según los separatistas, una forma de uso de la justicia con fines políticos.
“Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales”, lo que implicaría una “intromisión en la independencia judicial”, criticaron el jueves varias organizaciones de magistrados.
*Con información de AFP.