Brasil está sacudido por la divulgación de mensajes entre los fiscales del caso Lava Jato y el entonces juez y actual ministro de Justicia, Sérgio Moro. Si se verifica la autenticidad de dichas filtraciones, quedaría expuesta la parcialidad política de Moro, que condenó a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que llevó a su exclusión de la campaña presidencial de 2018 cuando encabezaba todas las encuestas. Si esto fuera así, se trataría de una grave intromisión jurídica en las elecciones, que habría influido en el triunfo de Jair Bolsonaro. La pregunta resulta inevitable: ¿habría ganado Lula de no haber existido estas maniobras judiciales? Le puede interesar: Quien mate a un ladrón no irá a la cárcel: la polémica propuesta de Bolsonaro Los mensajes fueron revelados por el medio digital The Intercept Brasil, del periodista Glenn Greenwald, ganador del Premio Pulitzer por publicar las pruebas de una extensa red de espionaje mundial patrocinada por Estados Unidos y sacada a la luz por Edward Snowden. Lula, que dejó la presidencia en 2010, fue condenado por el juez Moro de haber recibido, supuestamente, un soborno de un millón de dólares de la constructora OAS en reformas a un apartamento tríplex, en la ciudad balnearia de Guarujá. El favor habría sido a cambio de favorecer los contratos de la constructura con la empresa Petrobras, en el marco de la megainvestigación Lava Jato. El expresidente fue condenado a doce años y nueve meses de prisión. Con la sentencia confirmada en segunda instancia, Lula no pudo competir en las elecciones de octubre de 2018, en las que era el principal favorito. La pena luego fue reducida a ocho años, diez meses y veinte días por el Superior Tribunal de Justicia. Las claves En las conversaciones filtradas por The Intercept, hay tres cuestiones claves: intercambios de mensajes entre el juez Moro y el procurador Deltan Dallagnol, responsable de la Operación Lava Jato en Curitiba y principal artífice de las denuncias contra el expresidente; dudas de Dallagnol sobre la solidez de las pruebas contra Lula; y conversaciones de Dallagnol con su grupo de fiscales para impedir una entrevista de un importante medio con Lula antes de las elecciones de 2018. Según se desprende de los textos, Moro habría interactuado con los fiscales, sugiriendo procedimientos y dando consejos para avanzar en la acusación contra Lula. La colaboración entre el fiscal y el juez está prohibida en Brasil, donde rige el sistema acusatorio: el fiscal presenta las pruebas en contra del imputado, y el juez, que debe ser imparcial, decide entre los argumentos del acusador y de la defensa.
Sérgio Moro Los mensajes permiten deducir que los fiscales hicieron maniobras para sacar la causa judicial de São Paulo y llevarla a Curitiba, vincularla con Lava Jato y dejarla en manos de Moro. El propio fiscal Dallagnol duda de la fuerza de la prueba contra Lula. “Dirán que estamos acusando con base en una noticia y de indicios frágiles… Entonces es un elemento que sería bueno que esté bien amarrado”, decía en un mensaje. “La denuncia está basada en mucha prueba indirecta de autoría, pero no cabría decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto”, sostuvo el fiscal. Dallagnol se refiere a un artículo periodístico de O Globo en 2010 que informaba que el expresidente había comprado un apartamento en Guarujá. Pero en el artículo nunca se menciona la palabra tríplex, que sí aparece en el expediente, y se identifica un apartamento en la torre B y no en la torre A con vista al mar, como aparece en la acusación; torre que, entre otras cosas, no existía en ese momento. En el último grupo de mensajes, los fiscales intercambian opiniones sobre cómo impedir una entrevista solicitada por Folha de São Paulo con Lula en prisión antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2018, porque temían que su publicación inclinara la balanza a favor de Fernando Haddad, candidato del Partido de los Trabajadores (PT). ¿Golpe de estado judicial? Si se comprueba la veracidad de las filtraciones, se trataría de un claro caso de intervención política de la justicia para forzar un resultado electoral y apartar al seguro ganador de la contienda. Le sugerimos: Brasil es gobernado por una "banda de locos": Lula da Silva Esto demostraría que la justicia fue funcional al triunfo de Jair Bolsonaro, el cual premió a Moro con el Ministerio de Justicia y a quien defiende cada vez que puede. “Siempre se ha dicho que Moro no era un juez imparcial y que su objetivo era llegar a Lula. Ver que el procurador Dallagnol estaba todo el tiempo arreglando con Moro cómo hacer todo el proceso lo prueba”, dijo a SEMANA el analista brasileño Guilherme Simões Reis, profesor de la Universidad de Río de Janeiro.
Los simpatizantes de Lula da Silva no demoraron en tomarse las calles de Brasil y exigir su libertad. El expresidente debe cumplir una pena de ocho años de prisión. Brasil ya vivió un golpe de Estado parlamentario en 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, quien fue destituida de su cargo sin haber cometido ningún delito ni estar vinculada a ninguna causa de corrupción. De verificarse la autenticidad de los mensajes, el proceso contra Lula por el tríplex de Guarujá podría ser anulado en parte por el Supremo Tribunal Federal el 25 de junio, cuando se decidirá el habeas corpus presentado por la defensa del expresidente. “La defensa de Lula resulta mucho más sólida porque ya hay una prueba y van a aparecer más: ‘The Intercept’ divulgará gradualmente lo que tiene”, opinó Reis. Lawfare “Lawfare”, o “guerra jurídica”, el término utilizado hace pocas semanas por el papa Francisco en un diálogo con jueces argentinos, se refiere al uso de los procesos judiciales con fines políticos. Le puede interesar: Lula regresó a prisión después ir al funeral de su nieto Las 12 causas abiertas contra la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la condena a Lula para sacarlo del proceso electoral y las denuncias contra el expresidente ecuatoriano Rafael Correa podrían ser algunos ejemplos de esta guerra judicial. En Argentina, el juez Alejo Ramos Padilla inició una investigación contra el fiscal Carlos Stornelli, el principal impulsor de la ‘causa de los cuadernos’. Se trata de la mayor investigación sobre el sistema de sobornos pagados por las principales empresas constructoras del país a altos funcionarios de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a cambio de obras públicas. Ramos Padilla procesó al fiscal Stornelli por sus relaciones y mensajes telefónicos con el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, que presumía de altos vínculos con el Gobierno de Macri y chantajeaba empresarios. Les decía que Stornelli los iba a involucrar en la ‘causa de los cuadernos’, y se ofrecía a impedirlo a cambio de altas sumas de dinero. Para el abogado penalista Marcelo Parrilli, en Argentina se dan varios elementos de esta lawfare, como el abuso de la prisión preventiva y “la minimización del principio de inocencia”, pues hasta la sentencia definitiva, “el proceso se mantiene solo por sospechas, posibilidades o probabilidades de que haya delito, y recién en la instancia final si no se pudo destruir por completo la inocencia del imputado, se lo absuelve”. Le sugerimos: Una nueva condena contra Lula: 12 años y 11 meses, por corrupción y lavado El uso de la figura del arrepentido, que consigue su libertad a cambio de incriminar a otros funcionarios más altos, también es cuestionado, ya que puede llevar a excesos y a una verdadera politización de los casos. Varias de las causas contra Cristina Fernández se basan en declaraciones de arrepentidos que aceptan aportar información a cambio de una reducción en su pena. Los defensores de la senadora alegan que se ha utilizado la justicia para intentar excluirla de la contienda, tal como habría pasado con Lula en Brasil. El viernes, justo cuando se inauguró la Copa América de Fútbol que se jugará en varias ciudades de Brasil, gremios sindicales, estudiantes y profesores iniciaron una huelga nacional en protesta por la reforma de las jubilaciones de Bolsonaro. Ese descontento aumentó con las revelaciones de The Intercept, pues los brasileños se preguntan si estas propuestas habrían tenido cabida en otro gobierno del PT. Mientras tanto, Bolsonaro promueve su reforma... y defiende ferozmente a su ministro de Justicia, Sérgio Moro. Si continúan las publicaciones de The Intercept y si un giro de la suerte conduce a revertir, aunque sea parcialmente, las acusaciones contra Lula o lo deja en libertad, se estará sentando un precedente que también podría tener una importante influencia en las elecciones argentinas y en toda la región.