“Se ha alcanzado un acuerdo político en los cinco expedientes del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE”, escribió en la red X la presidencia rotatoria española de la Unión Europea (UE).
España, Grecia e Italia, tres países fuertemente expuestos a los flujos migratorios, se felicitaron por el texto, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló de un acuerdo “histórico”. Naciones Unidas también lo calificó como “un avance positivo”.
La reforma prevé controles más estrictos en la llegada de migrantes a la UE, centros cerrados cerca de las fronteras exteriores para expulsar más rápidamente a quienes no tengan derecho a asilo, y un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros, en beneficio de los países bajo mayor presión migratoria.
El acuerdo político alcanzado este miércoles deberá aún ser aprobado formalmente por el Consejo, es decir, el foro de los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo. El objetivo es que los textos del acuerdo se aprueben definitivamente antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
La cuestión está acaparando el debate en numerosos países europeos, entre ellos Francia, donde precisamente la noche del martes se aprobó una ley migratoria que causó una crisis en el campo del presidente Emmanuel Macron, por el apoyo de la extrema derecha. La reforma ha suscitado críticas de las organizaciones de defensa de derechos humanos.
Unas cincuenta oenegés, entre ellas Amnistía Internacional, Oxfam, Caritas y Save the Children habían escrito el lunes una carta abierta a los negociadores para alertarlos sobre el riesgo de acabar teniendo “un sistema mal diseñado, costoso y cruel”.
Este miércoles 15 oenegés, entre ellas Sea-Watch y SOS Humanity, implicadas en tareas de rescate de migrantes en el Mediterráneo advirtieron que “no hay una sola vida que se salvará por la decisión de hoy (...). Este acuerdo representa un fracaso histórico y un homenaje a los partidos de la derecha europea”.
Solidaridad obligatoria
La reforma acordada en Bruselas conserva la actual regla, en virtud de la cual el país de entrada en la UE de un solicitante de asilo es responsable de su expediente. Sin embargo, y para ayudar a países mediterráneos como Italia, España y Grecia, adonde llegan miles de migrantes, la reforma instaura un sistema de solidaridad obligatoria en caso de fuerte presión.
Esto significa que los demás Estados miembros de la UE deben contribuir a aliviar esa presión, o bien recibiendo a algunos solicitantes de asilo -una figura conocida como relocalización-, o bien aportando apoyo financiero. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, elogió un “acuerdo fundamental” para el país, que permitirá, según él, “mejorar” la gestión de las fronteras, y “conducir de forma más humana y coordinada los flujos migratorios”.
El ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que con este acuerdo su país se siente “menos solo”. En cambio, Hungría, que se opone al mecanismo de solidaridad, aseguró “rechazar con todas sus fuerzas” el acuerdo. “No dejaremos entrar a nadie en contra de nuestra voluntad”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijjarto.
La reforma prevé también un sistema de “filtrado” de los migrantes a su llegada al territorio de la UE, y “un procedimiento en la frontera” para aquellos que estadísticamente tengan menos posibilidades de obtener asilo. Estos serán retenidos en centros, desde donde podrán ser expulsados más rápidamente a sus países de origen o tránsito.
Dicho procedimiento se aplicará a los ciudadanos de países para los que la tasa de reconocimiento del estatus de refugiado sea inferior al 20%, atendiendo a la media de la UE. La UE está experimentando actualmente un aumento de las llegadas de migrantes irregulares y de solicitudes de asilo.
En los once primeros meses de 2023, la agencia Frontex reportó más de 355.000 pasos por las fronteras exteriores de la UE, es decir un incremento del 17%.
*Con información de AFP.