La población chilena está llamada a las urnas este domingo 17 de diciembre, en un nuevo plebiscito constitucional que se celebra tras el fracaso en el referéndum de 2022 y bajo la advertencia del presidente, Gabriel Boric, de que este será el último intento durante su mandato de dejar atrás la carta magna aprobada en 1980 al amparo del dictador Augusto Pinochet.
Tras el fallido referéndum de septiembre de 2022, cuando la población rechazó de forma contundente –con casi un 61,9 % de los votos– la propuesta planteada por una Convención Constitucional de marcado carácter progresista, los chilenos votarán de nuevo una propuesta de carta magna a cargo ahora del Consejo Constitucional.
El varapalo del presidente Boric, quien ascendió al poder en marzo de 2022 con la aprobación de una nueva Constitución como una de sus propuestas estrella, no solo se redujo al fracaso de aquel plebiscito, sino también de la holgada victoria de la derecha conservadora en la elección de consejeros del nuevo órgano constituyente.
En la votación para la conformación de dicho órgano, el Partido Republicano de Chile obtuvo 22 consejeros, que sumados a los once de Chile Vamos, concedió a la derecha una amplia mayoría en el Consejo Constitucional. La coalición progresista Unidad para Chile, junto al consejero mapuche, obtuvieron los 17 asientos restantes.
Así las cosas, la derecha ha hecho valer su mayoría en el Consejo Constitucional, presentando una última propuesta que no ha sido bien recibida por los sectores de la izquierda política, mientras que desde la derecha y oposición al Gobierno de Boric han mostrado su total respaldo al nuevo documento.
No hay entusiasmo en las calles de Santiago ante la nueva cita electoral
En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el centro de Santiago, donde estudian muchos de los que participaron en el estallido de 2019, cunde el desánimo. Apenas hay publicidad electoral. Cerca de allí, un par de muros descascarados recuerdan a algunos de los muertos en los enfrentamientos con la Policía.
“La esperanza se fue perdiendo con el tiempo”, explicó Malen Riveros. “Ya se olvidó por qué salimos a la calle”, se lamentó la joven de 19 años que, pese a todo, dice que protestar tuvo sentido, aunque ahora deban elegir entre lo malo –un segundo fracaso constitucional– y lo peor –un retroceso–.
Las últimas encuestas dan una ventaja al rechazo al texto. Una de las más recientes, de la firma Cadem de finales de noviembre, hablaba de un 46 % en contra frente a un 38 % a favor. Pero en todos los sondeos la diferencia se ha ido estrechando en las últimas semanas.
Principales propuestas
Esta nueva propuesta defiende el compromiso del Estado con la salud pública “a través de instituciones estatales”, concede a los padres de los alumnos el derecho preferente sobre la educación de sus hijos y deja la puerta abierta a un sistema de pensiones “a través de instituciones públicas o privadas”.
Asimismo, en materia política apunta a la reducción de 155 a 138 diputados en la Cámara de Diputados, aboga por conservar el Senado, impone un mínimo del cinco por ciento de los votos a nivel nacional para que los partidos políticos obtengan representación y recoge que los políticos perderán su acta en caso de que abandonen el partido por el que fueron electos.
Chile es un país en el que los indígenas representan el nueve por ciento de la población, aunque, por el contrario, no están siquiera mencionados en la actual Constitución. La propuesta de la Convención Constitucional los reconoce “como parte de la nación chilena” y aboga por que el Estado “respete y promueva sus derechos individuales y colectivos”.
Conseguir una nueva carta magna no solo era simbólico por librarse de un legado de la dictadura, sino también necesario si se quería dotar de más herramientas al Estado para resolver problemas básicos de salud, educación, vivienda o seguridad, explicó Pamela Figueroa, de la Universidad de Santiago de Chile.
Algunos de sus puntos más controversiales se centran en cambios como el artículo que protege a “quien está por nacer” y que para muchas organizaciones de mujeres allanaría el camino para derogar el aborto terapéutico en tres causales –violación, peligro de vida de la madre o inviabilidad del feto– que rige desde 2017.
Posturas políticas
Aunque el presidente Boric no se ha manifestado oficialmente sobre su simpatía o rechazo a la propuesta, ha recalcado que esta será en todo caso la última oportunidad por reformar la actual carta magna. “Puedo garantizar que este año, tras el plebiscito, sea cual sea la opción que elija la ciudadanía, el proceso llega a su fin”, manifestó en alguna ocasión.
Por su parte, la coalición Frente Amplio, una de las alianzas políticas que impulsaron la candidatura de Boric, sí que ha mostrado su rechazo a una propuesta constitucional que consideran “consagra los intereses de la élite económica” y “fomenta las desigualdades entre chilenos y chilenas”.
En la misma línea, el histórico Partido Socialista de Chile –bajo cuyas siglas gobernaron Salvador Allende y Michelle Bachelet– también se ha opuesto a la propuesta de la Convención Constitucional al considerar que “gran parte del país” queda “excluida” y que “impone solo una mirada” para el futuro del país.
En el otro lado de la balanza se encuentran los partidos de derecha, ultraconservadores y, en general, opositores al Gobierno de Boric, que, como el excandidato presidencial José Antonio Kast, consideran la propuesta constitucional como una “oportunidad inmejorable” para cambiar el futuro de la nación andina.
Aunque la población chilena rechazó por holgada mayoría la propuesta de una nueva carta magna en 2022, esta nueva fórmula, teóricamente más conservadora, parece que no correrá distinta suerte. Atendiendo a las encuestas, el ‘no’ se impondría de nuevo en el plebiscito constitucional.
*Con información de AP y Europa Press.