El Consejo de la Unión Europea amplió este lunes las sanciones contra Venezuela a 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares implicados en el proceso electoral y la violación de derechos fundamentales en el país.
De esta forma los veintisiete responden a las elecciones legislativas de diciembre, que no fueron reconocidas al considerar que el proceso no cumplió los estándares democráticos.
La decisión afecta, entre otros, al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo, y al Ejército, incluyendo a líderes como Reimigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), el máximo órgano de las fuerzas armadas venezolanas, al que acusan de la represión.
Entre los políticos ‘chavistas’ afectados por la nueva ronda de sanciones destaca el gobernador de Zulia, Omar Prieto Fernández, al que la UE acusa de menoscabar la democracia y promover las elecciones ilegítimas. También recogen sus amenazas de proclamar la independencia de Zulia si asume el poder un gobierno de transición dirigido por el opositor Juan Guaidó.
Las nuevas restricciones recaen sobre dos diputados de la Asamblea Nacional “no elegida democráticamente” y varios magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano por “usurpar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional” y “menoscabar los derechos de la oposición”, en particular la designación unilateral del CNE.
Con esta nueva tanda de sanciones, la lista negra de la UE pasa de 36 a 55 individuos venezolanos responsables, en el ejercicio de sus cargos oficiales, de minar la democracia y violar derechos fundamentales.
Los veintisiete buscan así responder a “acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos en el país”. Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. Pese a las sanciones, la UE reitera su posición de mantener contactos con los actores en Venezuela para promover un diálogo pacífico para lograr una salida democrática a la crisis en Venezuela.
Maduro garantiza que Venezuela trabajará con la ONU y vuelve a pedir el fin de las sanciones “ilegales”
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que ese país trabajará “decididamente” con Naciones Unidas y ha vuelto a reclamar el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la nación, que ha calificado de “ilegales”.
En una intervención ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro ha asegurado que, si bien Venezuela cooperará con los actores del organismo, no aceptará “la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra la patria venezolana”.
“Están equivocados quienes creen que Venezuela disminuirá la cooperación alcanzada con la Oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos (de la ONU, Michelle Bachelet) como consecuencia de estas provocaciones ideologizadas de un grupo de gobiernos”, ha incidido el mandatario.
En este sentido, también ha destacado que el Gobierno renovó en septiembre de 2020, por otro año, el Memorando de Entendimiento con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para continuar “fortaleciendo los vínculos de cooperación y asistencia técnica en materia de promoción y protección de los Derechos Humanos” en la nación latinoamericana.
Expertos de la ONU concluyeron, en un informe de 443 páginas publicado a mediados de septiembre de 2020, que en Venezuela se habían producido crímenes de lesa humanidad. En concreto, apuntaron a la existencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país suramericano.
Venezuela, por su parte, rechazó el informe y recalcó que está “plagado de falsedades”, al tiempo que reiteró la “cooperación” de Caracas con el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU. El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, subrayó que el Gobierno venezolano ya rechazó la formación de la misión de investigación.
“Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en Derechos Humanos, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la alta comisionada”, señaló en ese momento.
*Con información de Europa Press