La Corte Internacional de Justicia emitirá el próximo jueves su fallo en el diferendo entre Colombia con Nicaragua por la plataforma continental extendida, y así culminará el más dilatado y complejo caso que ha asumido el alto tribunal desde su existencia. Se supone que será el último capítulo de un pleito cuya fase final comenzó en diciembre de 2001, cuando el Gobierno de Managua demandó a nuestro país ante el alto tribunal.
Los hechos evidencian el afán de Nicaragua de proyectarse hacia el Caribe, en ocasiones impulsada por los Estados Unidos, y la necesidad de Colombia de ocupar su posición en el Caribe occidental, al que durante muchos años desdeñó.
En 1890, Nicaragua ocupó militarmente las islas Mangles, muy cercanas a la costa nicaragüense, que Colombia consideraba eran parte del archipiélago. El Gobierno, agobiado por las guerras civiles, dejó pasar casi “de agache” el hecho. Cuando en 1913 Nicaragua alquiló las citadas islas a los Estados Unidos, hubo una protesta colombiana. En retaliación, los nicaragüenses, empujados por Washington, reclamaron el archipiélago.
Igualmente, existía una controversia sobre la costa Mosquitia, el litoral caribeño de Nicaragua, pero más con los ingleses, que la ocupaban desde muchos años atrás. Incluso Colombia acompañó a los nicaragüenses en varios de sus reclamos sobre la costa ante el Gobierno británico. En 1928 se firmó un tratado en el que Colombia aceptó la soberanía nicaragüense sobre la costa, en la que no había tenido presencia, así como sobre las islas Mangles que Nicaragua había ocupado. Nicaragua aceptaba la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, donde jamás había puesto un pie. Posteriormente, consideró que el tratado era nulo porque lo había firmado por presión de los Estados Unidos.
El presidente Carlos Lleras Restrepo, en agosto de 1969, se inventó la tesis de que el meridiano 82° era el límite. Se anticipó a su época. Especialmente cuando antes de su administración, con excepción del general Rojas Pinilla, que decretó el puerto libre de San Andrés y construyó el aeropuerto que lo sacó del aislamiento, a nadie le importaba San Andrés.
Incluso el Gobierno de Colombia había impartido instrucciones, a principios del siglo XX, de que se vendiera el archipiélago a los Estados Unidos y, años después, Enrique Olaya Herrera, como embajador en Washington, le propuso al gobierno norteamericano que cambiaran los cayos de Roncador y Quitasueño por un “barquito”.
Las razones fundamentales de Nicaragua para demandar a Colombia ante la Corte fueron la negativa de nuestro país de negociar la soberanía del archipiélago de San Andrés y los cayos, y la posición colombiana desde 1969 de que la frontera marítima entre los dos países se había establecido en 1930 por el meridiano 82°.
Nicaragua consideraba además que no era posible que unas islas seis veces más cercanas a su territorio que al de Colombia y frente a su costa no les pertenecieran. Igualmente, creían que aun en el caso de que pertenecieran a Colombia, su jurisdicción marítima solo podría ser de pequeños enclaves de 12 millas de mar territorial alrededor, sin plataforma continental ni zona económica propias.
Todos los mandatarios de Colombia desde 1969, así como sus cancilleres, sabían perfectamente que el meridiano 82° no era una frontera marítima. Sin embargo, con excepción de López Michelsen, ninguno se atrevió a reconocerlo públicamente, por el temor de ser calificado de traidor a la patria.
Los gobiernos de López Michelsen, Turbay Ayala, Betancur y Pastrana trataron de pactar con Nicaragua el límite marítimo, conscientes de que la posición sobre el meridiano 82° no era sólida jurídicamente. Sin embargo, Nicaragua solo lo haría si al mismo tiempo se negociara la soberanía de los componentes del archipiélago, lo que nunca fue aceptado por Colombia.
Con la convicción vendida muchos años atrás de que Colombia era “el adalid de la solución pacífica de las controversias”, ningún mandatario quiso dar el paso de desvincularse de la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Por algo, El Tiempo, cuando Nicaragua presentó su demanda, señaló en un editorial que “Colombia no tiene nada que ganar y Nicaragua nada que perder”.
Finalmente, cuando ya la demanda era inminente, la administración Pastrana retiró la declaración por la que había aceptado la jurisdicción de la Corte en 1936, pero quedó vigente el Pacto de Bogotá en el que también se establecía la misma obligación.
Colombia alegó que la Corte carecía de competencia para pronunciarse sobre la demanda de Nicaragua, ya que la controversia se había resuelto en 1930 con la entrada en vigor del tratado Esguerra-Bárcenas y que esa condición impedía al tribunal asumir la competencia por el Pacto de Bogotá. Nicaragua sostenía lo contrario. El asunto lo resolvió un fallo en 2007.
El fallo de la Corte del 13 de diciembre de 2007 fue netamente favorable para Colombia. Reiteró que el archipiélago era de Colombia y que el tratado de 1928 era válido y estaba vigente. Se reservó para otra instancia la decisión sobre cuáles eran las islas y cayos que hacían parte del archipiélago, así como la delimitación que debía realizarse, ya que rechazó el límite por meridiano reclamado por Colombia y la línea media entre las costas continentales que Nicaragua había invocado.
Al mismo tiempo, el presidente Uribe hizo una hábil presentación que generó optimismo entre la opinión pública. Por su parte, Ortega, también hábilmente, minimizó el grave golpe recibido a las tesis que Nicaragua y que él mismo venían sosteniendo desde muchos años atrás.
Vino luego, en noviembre de 2012 el fallo de la Corte sobre los asuntos pendientes. Este tribunal decidió trazar su propia delimitación de acuerdo con las normas vigentes del derecho internacional. No aceptó la línea media propuesta por Colombia ni el supuesto borde externo de su plataforma continental que Nicaragua pretendía.
Reconoció la soberanía colombiana sobre todos los cayos y asignó al archipiélago una considerable extensión de espacios marítimos. No obstante, enclavó dos de ellos, Serrana y Quitasueño, y afectó tratados que Colombia había concertado con otros Estados.
El entonces presidente, Juan Manuel Santos, armó una curiosa tesis, con respaldos domésticos, en el sentido de que Colombia no podía aplicar el fallo de la Corte hasta tanto no se concertara un tratado bilateral con Nicaragua en el que se incorporara lo establecido sobre la delimitación marítima en el fallo de 2012. Además, inició con su canciller y otros funcionarios del Gobierno una inusitada ola de ataques contra la Corte Internacional de Justicia, lo que llevó a que el presidente del tribunal citara al embajador de Colombia en La Haya y formulara una formal protesta, ya que algo así nunca se había presentado.
Ortega y su combo, después de haber perdido la aspiración fundamental sobre los cayos y la delimitación marítima, y aprovechando el desconcierto colombiano, tiempo después demandó a Colombia nuevamente reclamando la misma línea que la Corte le había negado en el fallo de 2012.
De ahí en adelante se presentan una serie de incidentes jurídicos que se pueden resumir en que Nicaragua, teniendo enterradas sus pretensiones sobre las islas de San Andrés y Providencia y la totalidad de los cayos, trata de que al menos la Corte Internacional de Justicia le respalde una jurisdicción marítima que penetre en los espacios generados por la costa continental de Colombia.
Desde 1913, por más de un siglo, hemos tenido centenares de incidentes en el Caribe, muchos de ellos nos han llevado al borde de una confrontación armada. La Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado de conformidad con las normas y principios del derecho internacional que consideró aplicables. Se espera que el fallo del 13 de julio no vaya a abrir la puerta a una confrontación perpetua.
De todas maneras, resulta paradójico que no obstante la corrupción y la angustiosa vinculación del narcotráfico con el Archipiélago, sino hubiera sido por el pleito con Nicaragua, San Andrés, Providencia y sus cayos hubieran seguido siendo puntos olvidados de la geografía colombiana.