El estallido fue apenas el comienzo de la tormenta. Hasta la fecha, la impresionante explosión en el puerto de Beirut tras el incendio de un contenedor con nitrato de amonio ha dejado 171 muertos, al menos 6.000 heridos y gran devastación en la capital del Líbano. Las estremecedoras imágenes parecen las de una gran catástrofe natural. Pero en vez de ser un accidente, la tragedia es resultado de la negligencia y la corrupción enquistadas profundamente y desde hace tiempo en la clase política libanesa.

La indignación se despertó en todo el país. Con media ciudad destruida y más de 300.000 casas devastadas, las protestas en Beirut no se hicieron esperar. El fin de semana, miles de manifestantes clamaban venganza contra la clase política, acorralada y señalada de ser la verdadera culpable de la explosión. “Todos quiere decir todos”, gritaba la multitud, cansada de que los poderosos se hayan eternizado en el poder por décadas. La tragedia recordó y dio fuelle al movimiento de indignación que surgió en octubre de 2019 para denunciar la corrupción de la clase política, solo para quedar frenado en seco por culpa de la pandemia. A la indignación local se suma la comunidad internacional, que le exige desde hace años a Beirut reformarse y luchar contra la corrupción. Nadie oculta su desconfianza hacia las autoridades libanesas.

Los Acuerdos de Taif, que finalizaron la guerra civil que azotó al país entre 1975 y 1990, actualizaron sobre el papel la representación política de los sectores religiosos nacionales, acordada originalmente en 1945 cuando Líbano dejó de ser un protectorado francés. Lo malo es que hoy gobiernan los mismos que encabezaban los bandos durante la guerra civil y que desde entonces han aprovechado la estabilidad del nuevo sistema para aliarse con las élites económicas. Estas monopolizaron los proyectos para modernizar al país mientras los primeros usaron al sector empresarial para perpetuarse en el Parlamento. Entretanto, Líbano se sumió en una crisis política que convirtió a las instituciones públicas en simples instrumentos para robar dinero. La explosión del 4 de agosto probó la absoluta ineptitud de la dirigencia libanesa. Las 2.750 toneladas de nitrato de amonio permanecieron durante seis años en el puerto de Beirut, luego de que las autoridades locales decomisaron la carga de un barco ruso proveniente de Georgia. Durante todo este tiempo, las autoridades locales ignoraron las advertencias de una tragedia inminente. Se supo que las aduanas enviaron al menos seis cartas al sistema judicial para alertar sobre el cargamento entre 2014 y 2017, pero nunca recibieron respuesta. Desde hace seis años, la dirigencia libanesa ignoró las advertencias de una tragedia inminente Como le dijo a SEMANA Hady Amr, especialista en Oriente Medio del Instituto Brookings, el sistema permitió la existencia de unos dirigentes que cayeron en una “negligencia criminal, así que, aunque se haya tratado de un accidente, la profunda corrupción de la ciudad es la causa”. Las protestas ya cobraron sus primeras renuncias. El primer ministro, el profesor universitario Hasan Diab, había tomado las riendas en enero para aplacar las protestas que se habían diseminado por el país desde octubre. Sin embargo, ante la tragedia, ese Gobierno creado como un paño de agua tibia tuvo que dar un paso al costado con todo su gabinete. Diab les dio la razón a los manifestantes y culpó a la clase política tradicional de su fracaso. En un discurso televisado, aseguró que “la catástrofe que afectó a los libaneses en el corazón ocurrió a causa de la corrupción endémica en la política, la administración y en el Estado”. Ahora todos se preguntan quién va a reemplazarlo. Antes de renunciar, Diab había invocado la posibilidad de realizar elecciones legislativas anticipadas. Pero con la actual ley electoral mantendrían el statu quo. Para Amr, “El sistema enquistado en el Líbano se mantendrá vivo. Si bien lo ideal sería tener una reforma importante, me temo que solo serán cambios cosméticos”.

El primer ministro, Hasan Diab, renunció junto con todo su gabinete. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, les pidió a todos los sectores reconciliarse. Para nadie es un secreto la influencia política de Hizbulá en el Líbano. En todo caso, pocos creen que la salida del gabinete y nuevas elecciones tranquilicen al país. En su momento, el Gobierno de Diab, presentado como un equipo de tecnócratas, supuso una esperanza. No obstante, incluso antes de asumir tuvo que negociar las carteras con el movimiento chiita Hizbulá, una especie de para-Estado dominado por Irán y repudiado por los manifestantes y sus aliados, especialmente el partido del presidente Michel Aoun, el Movimiento Patriótico Libre (MPL). Todo apunta a que un gobierno de unión conformará el nuevo gabinete. Los principales jefes políticos se inclinan por el regreso de Saad Hariri, quien dimitió 12 días después del levantamiento popular en octubre. Hizbulá, muy influyente en la vida política libanesa, no se opondría a este retorno. Pero, como es obvio, esa decisión no tranquilizaría al movimiento de protestas, que, no satisfecho con la renuncia de todo el gabinete, también reclama la salida de toda la clase política acusada de corrupción e incompetencia. Además, los manifestantes están a favor de la llegada de un Gobierno encabezado por Nawaf Salam, exembajador en la ONU. Sin embargo, según el diario Akhbar, cercano a la formación chiita, Hizbulá rechaza “un gobierno neutral así como los nombres, que constituyen una provocación”, dentro de los que incluyen a Salam.

La impresionante explosión en el puerto de Beirut tras el incendio de un contenedor con nitrato de amonio ha dejado 171 muertos, al menos 6.000 heridos y gran devastación en la capital del Líbano. La intervención de la comunidad internacional para superar la crisis será otro punto clave. Hasta ahora, el presidente francés, Emmanuel Macron, presente en el lugar de los hechos, les pidió a todos los sectores reconciliarse. Pero para los cansados libaneses un llamado tan tibio solo perpetuaría la corrupción. Además, la influencia de Hizbulá en Líbano se extiende al control de las fronteras, aeropuertos e incluso de puertos como el de Beirut. Por ello, será fundamental la vigilancia de Occidente para dar con los verdaderos culpables de la tragedia. Como señaló el analista Hanin Ghaddar en Foreign Policy, “Si el Gobierno de Líbano solicita asistencia internacional, entonces debería aceptar una investigación internacional. Estados Unidos podría tomar la iniciativa en estas dos cuestiones, mientras coordinan con los franceses en una iniciativa humanitaria”. Amr agrega: “La comunidad internacional debería garantizar tres aspectos. Primero, fortalecer al Ejército libanés como una importante institución no sectaria en el país; segundo, impulsar un préstamo del Fondo Monetario Internacional al Líbano, el cual requiere de transparencia para que el dinero no se pierda en manos de la clase política; y, tercero, presionar al país para que cree un Parlamento que garantice unas votaciones realmente democráticas”.

En todo caso, algo ha quedado demostrado en las últimas décadas: es poco probable que, en medio de tensiones religiosas y con los intereses de Irán de por medio, Líbano tenga el Gobierno que sus ciudadanos piden a gritos en las devastadas calles de Beirut.