Si algo caracterizó a la presidencia de Donald Trump fue su recelo por lo extranjero. El símbolo de su incesante persecución a los migrantes fue su muro en la frontera con México. En los últimos días en la Casa Blanca, el magnate aprovechó para visitar uno de los tramos construidos durante su mandato, apreciando la desabrida obra de acero y hormigón. Pero Trump no pudo acabar de concebir su obra, y Joe Biden, su sucesor, no está dispuesto a destinar más recursos para tal fin. El demócrata derogó la emergencia migratoria con la que se puso en marcha la construcción del muro, y con ello suspendió su financiación. A fin de cuentas, si Trump utilizó la frontera de México como una declaración de sus intenciones, Biden ha hecho lo propio con su decisión.
La migración irregular es un asunto de larga data en Estados Unidos, pero con las reformas restrictivas de Trump tomó la dimensión de un problema humanitario de gran escala. La crisis dejó a miles varados en la frontera, familias separadas y pobreza. La situación era desesperante, y por eso Biden dio un golpe de timón a los más de 400 decretos emitidos por Trump para frenar la migración irregular y darle una vía a la legalización de 11 millones de personas.
Antes de las elecciones de noviembre, Trump redujo la cifra de refugiados que podían ser admitidos en Estados Unidos a 15.000, un mínimo histórico. Fiel a su promesa de campaña, Biden ha establecido la cuota anual de refugiados que pueden ser admitidos bajo el programa de reasentamiento en 125.000. “Nos enfrentamos a una crisis de más de 80 millones de desplazados que sufren en todo el mundo”, dijo el mandatario, al anunciar un decreto presidencial que permite “aumentar las admisiones de refugiados para el primer año fiscal completo” del nuevo gobierno, que comenzará el 1 de octubre.
Durante el mandato de Barack Obama, cuando Biden fue vicepresidente, se recibían en promedio 100.000 personas por año. Pero Trump hizo de la lucha contra la inmigración, legal e ilegal, una de las prioridades de su presidencia.
Este programa solo concierne a refugiados seleccionados por las agencias de inteligencia y seguridad del país en campamentos de Naciones Unidas en todo el mundo. Allí, se opta principalmente por la población más vulnerable, como los ancianos, las viudas y los discapacitados. Ahora, Biden enfatizó que el programa de reasentamiento también protegerá a los miembros de la comunidad LGBTI. Durante un discurso en el Departamento de Estado, aseguró: “Hemos proporcionado refugios seguros para quienes huyen de la violencia y la persecución, y nuestro ejemplo ha llevado a otros países a abrir sus puertas de par en par”.
Durante años, Estados Unidos ha acogido a más refugiados que todos los demás países del mundo juntos, pero Canadá lo superó en 2019 al abrir sus puertas a más de 30.000 migrantes, según las cifras de Naciones Unidas.
Los decretos y reformas le han valido a Biden el beneplácito de los demócratas, del ala progresista y de la comunidad internacional. Para el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, “La acción del presidente Biden salvará vidas, es así de simple”; sobre todo, teniendo en cuenta que, según Naciones Unidas, el número de refugiados admitidos en el mundo nunca ha sido tan bajo en 20 años, a pesar de los niveles récord de desplazamientos forzados, en gran parte debidos a la pandemia.
Con todo y el buen recibimiento de la noticia, la apremiante situación de pobreza, sumada a la desinformación, ha llevado a muchos a crearse falsas expectativas. Cientos de migrantes decidieron ir hacia la frontera, convencidos de que ahora serán recibidos. Roberta Jacobson, asesora de Biden para asuntos de la frontera suroccidental, pidió encarecidamente desistir del viaje a los que pretendan llegar hasta el borde limítrofe con Estados Unidos. “Todos sabemos que los traficantes están difundiendo mensajes muy distintos: que ahora la frontera está abierta o que es más fácil entrar a Estados Unidos. Pero eso es falso”. Sin embargo, muchos obstinados siguen su camino.
El reto puede convertirse en una encrucijada. Como afirmó Kirk Semple en el diario The New York Times, “La impaciencia es un reflejo de la creciente demanda de ayuda entre los migrantes en medio de una pandemia y tras cuatro años de Trump sofocando la inmigración legal e ilegal a Estados Unidos”. Y agrega: “También indica la magnitud del desafío que enfrenta Biden, que ha buscado moderar las expectativas y la frustración reprimida de los migrantes y sus defensores, y advertir sobre una avalancha de migración hacia la frontera suroeste”.
El Gobierno de Biden también ha insistido en que “actualmente no hay planes para transferir personas” bajo ninguno de los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) sellados por Trump con Guatemala, Honduras y El Salvador. Los ACA, muy criticados por organismos de derechos humanos, permiten que los migrantes extranjeros que solicitan asilo en la frontera de Estados Unidos sean enviados a esperar la resolución de sus trámites en esas naciones centroamericanas.
Pero lo peor que hereda Biden es el daño que la “tolerancia cero” a la migración irregular ha dejado en miles de familias separadas. El mandatario quiere revertir los efectos de esa política de su predecesor, y busca que la reunificación de estas familias sea una “prioridad máxima”. Para ello, creará un grupo de trabajo a fin de reunir a los cerca de 600 menores que siguen separados de sus padres, según datos surgidos de demandas judiciales. La política de Trump, instaurada entre 2017 y 2018, buscó frenar el flujo de migrantes sin papeles que buscaban ingresar por la frontera sur, sobre todo familias de Centroamérica huyendo de la violencia. Pero su implementación, que afectó a cerca de 5.000 menores, fue suspendida ante una ola de indignación. Desde entonces, oenegés y abogados buscan reunir a las familias con gran dificultad debido a que muchos padres fueron deportados y viven en zonas rurales de Centroamérica. Pese a la adversidad, Biden prometió que intentará “deshacer la vergüenza moral y nacional hecha por el Gobierno anterior, que de forma literal arrancó a niños de los brazos de sus familias”. Altos funcionarios de la administración indicaron que se propondrán soluciones para el reencuentro, sin especificar si esto podría incluir el regreso a Estados Unidos de los adultos deportados.
La reforma también la piden a gritos otros migrantes, como los musulmanes, y grupos como los llamados dreamers, jóvenes llegados a Estados Unidos de niños que acompañaban a sus padres y quienes durante el Gobierno de Obama se beneficiaron de un estatuto de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Ese decreto les permitió estudiar, trabajar y conducir, pero el estatuto fue cancelado por Trump, lo que sumió a estos 700.000 jóvenes, la mayoría de ellos latinoamericanos, en una incertidumbre que duró cuatro años y que implicó una larga batalla judicial.
En todo caso, están por verse las consecuencias de este golpe de timón. Los grupos nacionalistas no han tardado en poner el grito en el cielo, y muchos migrantes siguen en la frontera, en tierra de nadie y en serios aprietos. Se estima que al menos 60.000 migrantes que se han visto obligados a esperar en México han sido víctimas de atracos, secuestros, agresiones sexuales y otros delitos. Además, viven en hacinamiento y en campamentos improvisados. Nadie duda de que la situación es un gran reto, pero también es una buena manera en la que Estados Unidos puede volver a dar ejemplo ante los ojos del mundo.