Era la 1:00 p. m. cuando comenzó la tragedia para millones de personas. Un apagón de gran magnitud afectó 14 de los 24 estados de Venezuela, incluida el área metropolitana de Caracas. Casi de inmediato, el oficialismo puso a circular la versión de que se podría tratar de un sabotaje por parte de los enemigos de la revolución bolivariana. El ministro de Electricidad, Jesse Chacón, informó que la falla se presentó en la línea 765, que suministra el 65 % de la energía eléctrica que usa el país y que el Gobierno ya se disponía a abrir una investigación para “determinar el origen de la falla con los cuerpos de seguridad del Estado”. Luego el presidente, Nicolás Maduro, abrió más las incógnitas en su cuenta de Twitter: “Estoy al frente de la situación que extraña y abruptamente se ha presentado en el servicio eléctrico”, escribió primero, y luego remató: “A esta hora todo parece indicar que la extrema derecha ha retomado su plan de Golpe Eléctrico”. Sin embargo, el origen de semejante problema es bien distinto. Esta es la historia de una crisis que se empezó a gestar en el año 2009 en tiempos del presidente Hugo Chávez Frías. En ese momento el sector eléctrico venezolano hizo agua. El gobierno Chávez decretó la emergencia eléctrica. Tuvo que imponer racionamientos, los cuales no llegaron a Caracas, para que la capital y los extranjeros no sintieran tanto el malestar. A las carreras y sin ningún escrúpulo, sin licitaciones ni concursos, sin información de precios, el gobierno le adjudicó a una firma desconocida, sin ninguna experiencia en el sector eléctrico, 9 contratos en un principio y 3 posteriormente, para completar 12 contratos para construir generadoras eléctricas, en 14 meses. Se calcula, aunque nadie lo sabe, que se pagaron 3.000 millones de dólares en sobreprecio. Las personas que están detrás de Derwick Associates, la compañía beneficiada, son Leopoldo Alejandro Betancourt López y Pedro José Trebbau López, venezolanos residentes de Estados Unidos, 'bolichicos' que han acumulado fortunas enormes a través de un oscuro esquema para obtener contratos en materia energética en su país, en lo que no tenían experiencia alguna. Desde Estados Unidos los 'bolichicos' han pagado sobornos multimillonarios a funcionarios en Venezuela a cambio de la adjudicación de contratos en el sector energético. Se acusó de presunto soborno al presidente de PDVSA y ministro de energía, Rafael Ramírez; al exministro de Industrias Básicas y Mineras, Rodolfo Sanz; al ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, y a Javier Andrés Alvarado Pardil, hijo del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico y compañero desde la infancia del grupo de Derwick, pues todos estudiaron en el Instituto de los Legionarios de Cristo en Caracas, Instituto Cumbres. Una vez Derwick se ganó los contratos energéticos en Venezuela, pagó los sobornos y subcontrató empresas estadounidenses, incluidas General Electric, Pratt & Whitney y ProEnergy Services LLC, para que llevaran a cabo los proyectos energéticos. Los 'bolichicos' disfrutan de estilos de vida extravagantes. Betancourt es dueño de un penthouse en la Olympic Tower en la Quinta Avenida en Nueva York. Trebbau tiene una propiedad en la zona exclusiva de Sunny Isles en Miami. Dirigen el negocio desde una oficina ubicada en 450 Park Avenue con la 57, en Nueva York. Tienen avión privado y coto de caza en España. Mejor dicho, los Nule se les quedaron en pañales. Según estudios realizados por el experto en energía venezolano José Aguilar, Derwick Associates le ha sobrefacturado al Estado venezolano 2.933 millones de dólares. Y esta es sólo la punta del iceberg. En entrevista concedida a Alek Boyd, Aguilar arguye que esto es sólo una pequeña parte de una estafa al estado venezolano, que supera 23.000 millones de dólares y que hoy tiene a más de la mitad del país en un apagón histórico. Aguilar mencionó numerosas compañías internacionales que han participado en el ardid: Impsa, de Argentina; Iberdrola y Duro Felguera, de España; Alstom, de Francia; CMEC y Sinohydro, de China; Ferroostaal, de Alemania; TSK, de Tailandia, y American Waller Marine, de Estados Unidos. En cada uno de los proyectos en que se han involucrado estas compañías con socios locales ha habido sobreprecios que van del 48 % hasta el 515 %, según Aguilar. Aguilar identificó 40 proyectos y los analizó de acuerdo con las siguientes variables: la potencia teórica en MW; los costos publicados; el precio internacional; el sobreprecio estimado; la fecha estimada de terminación; los contratistas; estado del proyecto (operativo o no); megavatios disponibles contra megavatios no disponibles todavía; megavatios pendientes; y el retraso en número de meses desde que se anunció que el proyecto estaría listo. El resultado es impactante. Impsa no ha entregado absolutamente nada en el proyecto de Tocoma, seis años después de la supuesta fecha de entrega. Sólo en este proyecto, Aguilar estima que se han sobrefacturado 7.000 millones de dólares, y aun así su hábil presidente, Enrique Pescarmona, consiguió que le asignaran el proyecto Guri II, en la reconocida represa del Guri. Aguilar duda que Impsa tenga el conocimiento y la capacidad técnica para llevar a cabo un proyecto de tal envergadura, cuyas características son únicas en el mundo. Probablemente, Enrique Pescarmona ha conseguido estos jugosos contratos para Impsa por la vía de la amistad personal que tenía Hugo Chávez con el matrimonio Kirchner. Aguilar ve la mano de Ali Rodriguez en todos estos asuntos. Aguilar utilizó fuentes oficiales como Pdvsa, Corpoelec, los ministerios de Industrias Básicas y de Energía Eléctrica, para sus estimaciones. Fue muy difícil conseguir la información debido a la orden de no divulgar información implementada desde épocas de Chavez. Las estadísticas que se publican no son confiables, ni transparentes, o simplemente no existen. Por ejemplo, Aguilar ha podido seguirle el rastro a la Planta Centro gracias a fotografías y documentos filtrados que sus fuentes le envían regularmente. En su opinión, el propósito de esa política es el de evitar tener que rendir cuentas, o no tener que contra argumentar con los expertos en energía que cada vez cuestionan más al Gobierno. Aguilar dice que el último reporte sobre la situación energética en Venezuela se publicó en el 2008 y fue solo un reporte parcial. En el 2007 Caveinel, un gremio privado independiente, publicó el último informe completo y después fueron absorbidos por el régimen chavista. Adicionalmente, la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (Opsis) publicó un boletín mensual, pero este fue descontinuado en el 2010, cuando Alí Rodríguez Araque se convirtió en Ministro de Energía Eléctrica. Incluso el artículo 108 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico penaliza con prisión de ocho a 16 años a quien revele información sobre el sistema energético nacional. Lo más increíble es que después de haber asignado o gastado más 23.000 millones de dólares, Venezuela está más lejos que nunca de resolver su problema energético. Para la muestra el apagón de este martes que afectó a más de la mitad del país. Derwick Associates es un aprendice frente a lo que han hecho gigantes de la ingeniería como los contratados en Venezuela. Alí Rodríguez ha promovido que compañías, otrora serias, arrasen con los recursos públicos de Venezuela y asuman nuevas obras para las cuales no están técnicamente preparados. El apagón demuestra que el análisis de José Aguilar va en la dirección correcta.