El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el viernes el estado de excepción por 60 días en tres provincias donde se registran los mayores niveles de violencia a causa del narcotráfico, que ha derivado en cientos de crímenes y masacres carcelarias.
“He declarado estado de excepción en las provincias (costeras) del Guayas, Manabí y Esmeraldas, efectivo desde la medianoche de hoy”, expresó el mandatario en una alocución transmitida por medios estatales.
En el marco del estado de excepción, Lasso dijo que ordenó la movilización de 4.000 policías y 5.000 militares a esas provincias, dentro de las cuales también regirá el toque de queda entre las 11:00 p. m. y las 05:00 a. m. para algunas parroquias de localidades como Durán.
En esa población, vecina al puerto de Guayaquil –núcleo comercial del país y capital de Guayas–, en febrero se registró el inusual hallazgo de dos cadáveres suspendidos de un puente peatonal al estilo de los crímenes de los cárteles mexicanos.
De la mano del narcotráfico ha crecido la delincuencia, que deja 1.255 muertos en el primer cuatrimestre del año, según cifras oficiales. Cerca de 440 crímenes se han producido en Guayaquil y Durán, donde es mayor la inseguridad.
Desde febrero de 2021 también se han desatado en Ecuador varias matanzas entre presos miembros de bandas vinculadas al narcotráfico, con 350 fallecidos.
Violencia que indigna
“Las calles sentirán el peso de nuestra Fuerza Pública”, manifestó Lasso, un exbanquero conservador que lleva once meses en el poder y que ha declarado una guerra al narcotráfico.
Añadió que el contingente de 9.000 uniformados será desplegado en las provincias de Esmeraldas (noroeste y fronteriza con Colombia), Manabí y Guayas para “imponer la paz y el orden” y que estará “al servicio y protección de la familia ecuatoriana”.
El mandatario, quien en 2021 ya decretó el estado de excepción para el sistema carcelario ante los cruentos enfrentamientos entre reclusos, dijo que “me indigna la violencia que unos cuantos maleantes pretenden desatar en nuestras ciudades”.
“Nuestra sociedad no será sometida, nuestra paz jamás será sacrificada ante los sucios negocios de nadie. El bien nunca cederá ante el mal”, añadió.
Con tono tajante, Lasso afirmó que “vamos a llevar el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse, ellos y sus sucias mercancías”.
“Por eso he ordenado la ejecución de una amplia operación coordinada entre Policía y Fuerzas Armadas”, apuntó.
El gobernante dispuso en marzo la creación del Ministerio del Interior para enfrentar el aumento del narcotráfico y el recrudecimiento de la violencia.
El martes también designó como nuevo ministro de Defensa al general en retiro Luis Lara, quien fuera jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas entre 2019 y 2021, en un proceso de renovación de su gabinete, para lo que pidió la renuncia a todos sus secretarios.
“Confío plenamente en su aporte positivo a la seguridad del país”, señaló entonces.
Empezaron operativos
El viernes, poco antes de la declaratoria del estado de excepción, unos 600 militares realizaron en barrios del sur y oeste de Guayaquil, con los más altos niveles de muertes violentas, un operativo contra la delincuencia, constaron periodistas de la AFP.
El control de los agentes se extendió a Durán, considerada una bodega de drogas y donde el microtráfico, de acuerdo con autoridades, mueve hasta 1,8 millones de dólares al mes.
El último fin de semana, dos vehículos explotaron –sin dejar víctimas– en las afueras del complejo penitenciario de Guayaquil donde desde febrero de 2021 murieron 232 de los 350 reos en enfrentamientos por el poder entre organizaciones del narcotráfico.
Ese gran complejo incluye una cárcel de máxima seguridad adonde fueron trasladados presos identificados como líderes de bandas.
Fronterizo con Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, Ecuador sirve de puerto de salida de cargamentos ilícitos hacia Estados Unidos y Europa.
En 2021, la nación decomisó el récord anual de 210 toneladas de droga, fundamentalmente cocaína. En lo que va de 2022 las confiscaciones llegaron a unas 75 toneladas.
*Con información de la AFP.