Estados Unidos liberó el miércoles 16 de febrero a Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional de Venezuela que había sido condenado en 2018 por participar en un esquema de blanqueo de dinero en el país norteamericano, según la oficina federal de prisiones.
La justicia estadounidense, con la que Andrade colaboró, había reducido en octubre su condena de 10 años de cárcel a 42 meses.
Andrade, de 57 años, fue guardaespaldas de Hugo Chávez, presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013. Su amistad con el mandatario lo llevó a ocupar la presidencia de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) venezolana entre 2007 y 2010, un cargo que aprovechó para lucrarse ilegalmente.
Según reconoció ante la Fiscalía estadounidense, cobró más de 1.000 millones de dólares en sobornos de personas que querían asegurarse el derecho a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
Andrade recibió dinero en efectivo, así como aviones privados, yates, automóviles, casas, caballos de carrera y relojes de alta gama. Tras abandonar su cargo, se mudó a la ciudad de Wellington, en Florida, donde permaneció hasta su condena. En febrero de 2019, fue encarcelado en la prisión federal de Loretto, en Pensilvania.
La justicia estadounidense tiene ahora en el punto de mira a un estrecho colaborador del sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro.
El empresario Álex Saab, al que Estados Unidos considera como un testaferro del presidente venezolano, está siendo juzgado en Miami por conspirar para blanquear dinero obtenido de una red de sobornos.
Según documentos desclasificados del 16 de febrero, Saab se convirtió en 2018 en una fuente confidencial de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) por un periodo de 12 meses, una información negada por el interesado.
En ese plazo, entregó más de 12 millones de dólares conseguidos con sus actividades ilegales a las autoridades estadounidenses, con las que firmó un acuerdo para entregarse y ser juzgado por el caso de blanqueo de dinero.
Sin embargo, horas después de la desclasificación de los documentos, Saab negó haber sido un informante de la DEA.
“El señor Saab desea aclarar que el único propósito de las reuniones” con las autoridades estadounidenses “era confirmar que ni él ni las empresas asociadas con él habían hecho nada malo”, indica un comunicado emitido por el abogado del acusado, David B. Rivkin Jr.
“Cualquier supuesta interacción que tuvo lugar con el Departamento de Justicia y varios agentes de las fuerzas del orden público (de Estados Unidos), se llevó a cabo con el pleno conocimiento y apoyo de la República Bolivariana de Venezuela”, añade el documento.
Según la acusación estadounidense, Saab y su socio, el prófugo Álvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.
La Fiscalía asegura que ambos se lucraron ilegalmente y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.
El acusado llegó a Miami en octubre tras su extradición desde Cabo Verde, donde había sido detenido en junio de 2020 a petición de Estados Unidos.
Su extradición enfureció al gobierno venezolano, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador para tratar, sin éxito, de evitar su traslado a Estados Unidos.
*Con información de AFP.